El abogado Carlos Rivera Paz, miembro del Instituto de Defensa Legal (IDL) y uno de los más tenaces adversarios judiciales del ex presidente Alberto Fujimori, advirtió que el Fiscal Supremo Pablo Sánchez Velarde, parece que se ha puesto del lado del acusado y trata de eximirlo del delito de secuestro agravado, con lo cual le daría la posibilidad de acceder a amplios beneficios penitenciarios y tener expedito el camino para el indulto presidencial.
Rivera dijo que no encuentra coherente que Sánchez Velarde haya emitido recientemente un dictamen diciendo que Fujimori no cometió delito de secuestro agravado, sino secuestro simple en el caso Gustavo Gorriti y Samuel Dayer, quienes en 1992 fueron detenidos en instalaciones del Ejército, cuando desde el inicio del proceso penal, el Ministerio Público, a través del Fiscal Supremo José Peláez Badales, sostuvo con firmeza que sí se trataba de un secuestro agravado.
”El Fiscal Supremo José Pelaéz Bardales denunció a Fujimori por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado, y después de más de un año de juicio, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, condenó al ex presidente a 25 años de prisión por esos delitos. Ahora que el acusado ha pelado esa condena, el fiscal Pablo Sánchez Velarde ha ido contra la propia posición de su colega Peláez Bardales y ha dicho que el ex presidente no cometió delito de secuestro agravado, cómo se entiende eso… ”, se preguntó Rivera.
Explicó que la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema deberá tomar una posición definitiva en este tema cuando resuelva la apelación a la condena de 25 años que presentó la defensa del acusado. Dijo que si se le retira el cargo de secuestro agravado a Fujimori, éste podrá tener beneficios penitenciarios que lo podrían liberar de prisión mucho antes de que cumpla su pena de 25 años.
”Si se le retira el cargo de secuestro agravado y además el delito de lesa humanidad, entonces Fujimori podría tener una considerable rebaja en la pena de 25 años de prisión y podría acceder al indulto presidencial. En cambio, si se le mantiene estos cargos, no podría ser indultado y además tampoco podría acceder facilmente los beneficios penitenciarios”, agregó.
Rivera dijo que no encuentra coherente que Sánchez Velarde haya emitido recientemente un dictamen diciendo que Fujimori no cometió delito de secuestro agravado, sino secuestro simple en el caso Gustavo Gorriti y Samuel Dayer, quienes en 1992 fueron detenidos en instalaciones del Ejército, cuando desde el inicio del proceso penal, el Ministerio Público, a través del Fiscal Supremo José Peláez Badales, sostuvo con firmeza que sí se trataba de un secuestro agravado.
”El Fiscal Supremo José Pelaéz Bardales denunció a Fujimori por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado, y después de más de un año de juicio, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, condenó al ex presidente a 25 años de prisión por esos delitos. Ahora que el acusado ha pelado esa condena, el fiscal Pablo Sánchez Velarde ha ido contra la propia posición de su colega Peláez Bardales y ha dicho que el ex presidente no cometió delito de secuestro agravado, cómo se entiende eso… ”, se preguntó Rivera.
Explicó que la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema deberá tomar una posición definitiva en este tema cuando resuelva la apelación a la condena de 25 años que presentó la defensa del acusado. Dijo que si se le retira el cargo de secuestro agravado a Fujimori, éste podrá tener beneficios penitenciarios que lo podrían liberar de prisión mucho antes de que cumpla su pena de 25 años.
”Si se le retira el cargo de secuestro agravado y además el delito de lesa humanidad, entonces Fujimori podría tener una considerable rebaja en la pena de 25 años de prisión y podría acceder al indulto presidencial. En cambio, si se le mantiene estos cargos, no podría ser indultado y además tampoco podría acceder facilmente los beneficios penitenciarios”, agregó.
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JAIME ESPEJO ARCE