En julio de 2006, ochenta y uno de los 120 congresistas que accedieron a una curul lo hicieron enarbolando las banderas de la renovación parlamentaria y de la eliminación del voto obligatorio. Todos ellos – integrantes del Partido Aprista y de la alianza Partido Nacionalista-Unión por el Perú– apostaban entonces por estas reformas, y fue ese compromiso con el electorado lo que, entre otros factores, les permitió convertirse en las dos principales fuerzas políticas del Legislativo.
Hoy, 39 meses después, solo el oficialismo respalda esta iniciativa, que ha encontrado férrea oposición no solo en Unidad Nacional o el Grupo Fujimorista, sino también en los dispersos seguidores de Ollanta Humala, agrupados ahora bajo distintas denominaciones como UPP, Bloque Popular, Grupo Parlamentario Demócrata, etc.
Con desafortunadas experiencias registradas en el quinquenio 2001-2006, como la de Leoncio Torres Ccalla, de Perú Posible, que hasta hoy purga prisión por haber violado a una joven, en pleno ejercicio de su mandato; la de Víctor Valdez, que valorizara una ruma de libros como ‘la biblioteca del millón de dólares’ y reconoció a su hija por presión mediática; o las de Jesús Alvarado, Doris Sánchez y Enith Chuquival, todos ellos denunciados por nepotismo, lo que esperaba el elector en abril de 2006 era un Congreso que le diera las herramientas necesarias para evaluar permanentemente el desenvolvimiento de sus representantes y, de ser necesario, revocarlos.
A vista de lo ocurrido la semana pasada en la Comisión de Constitución, todo indica que no será así. Y aunque el Apra ha formulado un pedido de reconsideración – que debe ser discutido mañana–, lo más probable es que la solicitud sea rechazada, y que el único camino viable para llevar adelante estas reformas sea el referéndum, sobre todo teniendo en cuenta que más del 80% de la población avala la renovación congresal por mitades.
DESPRESTIGIO. Desde aquel 34% de aprobación que tenía el Congreso en agosto de 2006 al 12% que registró en octubre último, mucha agua ha corrido bajo el puente. Por lo menos, sesenta legisladores han estado envueltos en escándalos; casos que van desde la irrupción a empellones a una oficina o la toma del hemiciclo, mal uso de recursos del Estado, apropiación irregular de terrenos y recorte de sueldos a sus trabajadores, hasta la contratación de empleados ‘fantasmas’, demandas por maltrato familiar, hijos no reconocidos y juergas con exóticas ‘garotas’ en viaje oficial.
Es en la bancada del Partido Aprista en la que se registraría el mayor número de inconductas: Dieciocho en total, siendo su máxima exponente la liberteña Tula Benites.
IMPROVISACIÓN. Sin embargo, hay que recordar que el Partido Nacionalista-UPP llegó al Congreso con 45 miembros y no con los 22 que tiene actualmente. De ese número inicial, son nada menos que 28 los nacionalistas que se han visto involucrados en escandaletes de todo calibre. Si no que lo digan el ‘comepollo’, el ‘mataperro’, la ‘robaluz’, el ‘planchacamisas’; o mejor dicho José Anaya, Miro Ruiz, Rocío González y Víctor Mayorga, a quienes se suman sus colegas de otros bloques: Walter Menchola, Rosario Sasieta, Elsa Canchaya, Mario Alegría, José Mallqui, Ricardo Pando, quienes pasaban inadvertidos en el quehacer político. Un anonimato que hoy mantiene por lo menos una veintena de legisladores (‘los mudos’) a quienes casi nunca se escucha hablar en el Legislativo. (PERU 21)
Hoy, 39 meses después, solo el oficialismo respalda esta iniciativa, que ha encontrado férrea oposición no solo en Unidad Nacional o el Grupo Fujimorista, sino también en los dispersos seguidores de Ollanta Humala, agrupados ahora bajo distintas denominaciones como UPP, Bloque Popular, Grupo Parlamentario Demócrata, etc.
Con desafortunadas experiencias registradas en el quinquenio 2001-2006, como la de Leoncio Torres Ccalla, de Perú Posible, que hasta hoy purga prisión por haber violado a una joven, en pleno ejercicio de su mandato; la de Víctor Valdez, que valorizara una ruma de libros como ‘la biblioteca del millón de dólares’ y reconoció a su hija por presión mediática; o las de Jesús Alvarado, Doris Sánchez y Enith Chuquival, todos ellos denunciados por nepotismo, lo que esperaba el elector en abril de 2006 era un Congreso que le diera las herramientas necesarias para evaluar permanentemente el desenvolvimiento de sus representantes y, de ser necesario, revocarlos.
A vista de lo ocurrido la semana pasada en la Comisión de Constitución, todo indica que no será así. Y aunque el Apra ha formulado un pedido de reconsideración – que debe ser discutido mañana–, lo más probable es que la solicitud sea rechazada, y que el único camino viable para llevar adelante estas reformas sea el referéndum, sobre todo teniendo en cuenta que más del 80% de la población avala la renovación congresal por mitades.
DESPRESTIGIO. Desde aquel 34% de aprobación que tenía el Congreso en agosto de 2006 al 12% que registró en octubre último, mucha agua ha corrido bajo el puente. Por lo menos, sesenta legisladores han estado envueltos en escándalos; casos que van desde la irrupción a empellones a una oficina o la toma del hemiciclo, mal uso de recursos del Estado, apropiación irregular de terrenos y recorte de sueldos a sus trabajadores, hasta la contratación de empleados ‘fantasmas’, demandas por maltrato familiar, hijos no reconocidos y juergas con exóticas ‘garotas’ en viaje oficial.
Es en la bancada del Partido Aprista en la que se registraría el mayor número de inconductas: Dieciocho en total, siendo su máxima exponente la liberteña Tula Benites.
IMPROVISACIÓN. Sin embargo, hay que recordar que el Partido Nacionalista-UPP llegó al Congreso con 45 miembros y no con los 22 que tiene actualmente. De ese número inicial, son nada menos que 28 los nacionalistas que se han visto involucrados en escandaletes de todo calibre. Si no que lo digan el ‘comepollo’, el ‘mataperro’, la ‘robaluz’, el ‘planchacamisas’; o mejor dicho José Anaya, Miro Ruiz, Rocío González y Víctor Mayorga, a quienes se suman sus colegas de otros bloques: Walter Menchola, Rosario Sasieta, Elsa Canchaya, Mario Alegría, José Mallqui, Ricardo Pando, quienes pasaban inadvertidos en el quehacer político. Un anonimato que hoy mantiene por lo menos una veintena de legisladores (‘los mudos’) a quienes casi nunca se escucha hablar en el Legislativo. (PERU 21)
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JAIME ESPEJO ARCE