Se acabó la novela protagonizada por Ingrid Suárez Velarde. La designada Contralora General de la República, no pudo sustentar su currículum vitae, en el que se consignaba que había realizado estudios de Ingeniería Industrial en la Universidad de Gijón (España) y por el contrario deberá afrontar serias acusaciones penales por la comisión de los presuntos delitos de falsedad genérica, contra la fe pública y usurpación de títulos y honores.
La abortada Contralora se defiende señalando que presentó su candidatura para ser titular de la Contraloría General de la República en su calidad de Contadora Pública Colegiada, habilitada con matrícula Nº 11749; sin embargo, ello se contrapone con lo que expresa sobre ella, el Informe Final de la “Comisión de Evaluación y Propuesta al Presidente de la República de los Mejores Candidatos para ejercer el cargo de Contralor General”:
“Soraya Suárez Velarde (47). Ingeniera Industrial y Contadora. Asesora del Ministerio de la Producción, con experiencia relevante en auditoría financiera y conocimiento del sector público. Cuenta con 22 años de experiencia en empresas de gran envergadura en los sectores de banca, energía y agropecuarias. Contadora Pública Colegiada de la Universidad de Lima, Ingeniera Industrial de la Escuela Politécnica de Gijón, España, y Master en Dirección de Empresas de la Universidad de Piura.”
Se aprecia cómo la “Comisión” consignaba en primer lugar la profesión de “Ingeniería Industrial y no el de Contadora.
Ello podría tener una explicación desde nuestro modo de ver, ya que si se revisa con minuciosidad el citado “Informe Final” en el título “Análisis de Trayectoria Profesional”, se aprecia que cuando la Comisión Evaluadora procedió a evaluar conocimientos y experiencia de los candidatos -sobre la base de la documentación presentada en los expedientes de postulación respectivos- uno de criterios establecidos era acreditar estudios en Economía, Administración, Derecho, Ingeniería Industrial, y/o Administración Pública.
No es tan cierto entonces, lo que dijo el padre Gastón Garatea que lo fundamental era su título de contadora de la Universidad de Lima, y “lo demás era un adorno”, ya que cuando se referian a ella no lo hacían como: “la Contadora Pública”, sino que decian: la Ingeniera Industrial.
Sobre todo, dejar claro quen cuando la Comisión presentó al jefe del Estado la terna de postulantes, esta decía: Ingeniera Industrial y Contadora: Soraya Suárez Velarde.
Ahora, Soraya Suárez Velarde tendrá no solo que enfrentar los procesos judiciales penales antes mencionados, sino que tendrá que explicar y responder penalmente por los documentos que suscribió en el Ministerio de la producción como ingeniera. Menudo embrollo que no se lo deseamos a nadie.
La abortada Contralora se defiende señalando que presentó su candidatura para ser titular de la Contraloría General de la República en su calidad de Contadora Pública Colegiada, habilitada con matrícula Nº 11749; sin embargo, ello se contrapone con lo que expresa sobre ella, el Informe Final de la “Comisión de Evaluación y Propuesta al Presidente de la República de los Mejores Candidatos para ejercer el cargo de Contralor General”:
“Soraya Suárez Velarde (47). Ingeniera Industrial y Contadora. Asesora del Ministerio de la Producción, con experiencia relevante en auditoría financiera y conocimiento del sector público. Cuenta con 22 años de experiencia en empresas de gran envergadura en los sectores de banca, energía y agropecuarias. Contadora Pública Colegiada de la Universidad de Lima, Ingeniera Industrial de la Escuela Politécnica de Gijón, España, y Master en Dirección de Empresas de la Universidad de Piura.”
Se aprecia cómo la “Comisión” consignaba en primer lugar la profesión de “Ingeniería Industrial y no el de Contadora.
Ello podría tener una explicación desde nuestro modo de ver, ya que si se revisa con minuciosidad el citado “Informe Final” en el título “Análisis de Trayectoria Profesional”, se aprecia que cuando la Comisión Evaluadora procedió a evaluar conocimientos y experiencia de los candidatos -sobre la base de la documentación presentada en los expedientes de postulación respectivos- uno de criterios establecidos era acreditar estudios en Economía, Administración, Derecho, Ingeniería Industrial, y/o Administración Pública.
No es tan cierto entonces, lo que dijo el padre Gastón Garatea que lo fundamental era su título de contadora de la Universidad de Lima, y “lo demás era un adorno”, ya que cuando se referian a ella no lo hacían como: “la Contadora Pública”, sino que decian: la Ingeniera Industrial.
Sobre todo, dejar claro quen cuando la Comisión presentó al jefe del Estado la terna de postulantes, esta decía: Ingeniera Industrial y Contadora: Soraya Suárez Velarde.
Ahora, Soraya Suárez Velarde tendrá no solo que enfrentar los procesos judiciales penales antes mencionados, sino que tendrá que explicar y responder penalmente por los documentos que suscribió en el Ministerio de la producción como ingeniera. Menudo embrollo que no se lo deseamos a nadie.
