La tradición de Villa Stein a favor de la impunidad

Por: Ernesto de la Jara 

El vocal supremo Javier Villa Stein acaba de demostrar que es capaz de hacer una serie de piruetas jurídicas, con tal de  favorecer a un grupo de asesinos, como el grupo Colina.

Pero esa sensibilidad  nunca la ha tenido con las víctimas que han pasado por sus manos,  por más horrendo que haya sido el caso.

Indalecio Pomatanta  fue un joven de 17  años que luego de haber sido rociado con gasolina  y prendido con un fósforo por efectivos de una patrulla de la Marina, murió unas horas después en el hospital.

Este acto de salvajismo, ocurrió en una casa ubicada en Padre Abad, Ucayali, donde Indalecio  vivía con su familia . El 2 de abril de 1995 llegó una patrulla de la Marina, como parte de un operativo antisubversivo que abarcó distintos puntos de la zona. Lo sacaron de su  vivienda y  comenzaron a golpearlo, acusándolo de saber el  paradero de unas armas, hecho que el joven negó, al punto que se dejó quemar sin poder decir una palabra  sobre lo que se le preguntaba.

El caso fue a parar, en segunda y última  instancia, a una sala de la Corte Suprema presidida por Villa Stein. Y él,  lejos de tratar de hacer justicia frente a  un crimen espantoso, optó por la impunidad, por más que había una gran cantidad de fundamentos de hecho y de derecho precedentes. 

Pomatanta  llegó  vivo al hospital, por lo que pudo decir, ante  la prensa  local,  quiénes le habían prendido fuego.

La versión oficial tuvo una finalidad claramente encubridora. Indalecio se habría prendido fuego, cuando al momento de huir se tropezó con un recipiente que contenía gasolina, y luego con una especie de fogata. 

El caso fue defendido legalmente por la vicaria de Pucallpa, dirigida por un obispo de la Iglesia católica.

Interpuesto el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes de la Marina, le ofrecieron conciliar a cambio de 25,000 dólares.

La CVR pasó el caso a la  Fiscalía para que se inicie un proceso.

La Sala Superior solo condenó al jefe de la patrulla a 14 años, algo absolutamente insuficiente,  pero que demostraba que el crimen había ocurrido, tal como había sido denunciado. 

Y todavía el condenado apeló. Es así que  el caso llega a la sala presidida por Villa Stein . Acá sí no movió ni un solo dedo para  hacer justicia frente a una persona que fue quemada viva por miembros de una de institución del Estado. No hizo nada para incluir a todo el grupo ni para elevar las penas.

Peor aún, puso su propia cuota de impunidad. Resolvió que la Marina no debía pagar parte de la reparación, tal como lo había ordenado la Sala Superior,  lo que significa exculparla de todo, y convertir lo que fue un  crimen en parte de un operativo antisubversivo, en un exceso de carácter  individual.

La explicación sobre que exista alguien que  crea que  hacer justicia es  beneficiar a los Colina y proteger a quienes quemaron a Pomatanta, ya no es un asunto jurídico.

Contra lo hecho por Villa Stein  en el caso del grupo Colina procede su destitución por el CNM   y una acusación constitucional en el Congreso, aparte, obviamente, del repudio de todos, como ha venido ocurriendo. Lo único  que lo podría  salvar –cuidado– es si algunos consejeros o congresistas, dan batalla a su favor, esgrimiendo que se puede estar a favor o en contra de su sentencia, pero que lo resuelto está en  el marco de la discrecionalidad de los jueces, por lo que no puede ser objeto de sanción. 

Un último punto: el CNM tiene doble y hasta triple responsabilidad. Este órgano fue el que lo nombró, ya en democracia, en el 2004, y lo ha  ratificó hace  menos de un año, en el 2011, pese a la oposición abierta de diversos sectores.