Agustín Mantilla y grupo Rodrigo Franco son denunciados por delitos de lesa humanidad

Por: Adrián Lengua Parra

Esta semana, el Fiscal Superior Luis Landa Burgos formalizó denuncia contra Agustín Mantilla, ex vice ministro y ex Ministro del Interior durante el primer gobierno aprista de Alan García (1985-1990), y contra los presuntos integrantes del Comando Rodrigo Franco: Jesús Miguel, Jorge Huamán, Enrique Melgar, Carlos Farfán, Oscar Urbina, Gino Fiori, Juan Pampa y Walter Lauri; por los hechos perpetrados por este grupo paramilitar que provocaron el secuestro y asesinato de los dirigentes mineros Saúl Cantoral y Consuelo García, la ejecución extrajudicial de los militantes del MRTA Miguel Pasache Vidal y Javier Porta Solano y, finalmente, el asesinato del abogado Manuel Febres.

Bajo estos cargos, el Fiscal solicito una pena de 25 años de prisión y el pago de 200 mil nuevos soles de reparación civil  tanto para Mantilla, por ser el presunto autor mediato de los delitos, como para los supuestos integrantes del grupo Rodrigo Franco.

 

Asimismo, a pesar de haber transcurrido 24 años desde la comisión de estos hechos, en la denuncia se argumenta que los mismos deben ser calificados como delitos de lesa humanidad al ser perpetrados de forma general o sistemática, por responder a una política promovida o consentida por el Estado, dirigida contra población civil y por ser una grave afectación a la dignidad humana que no debe quedar impune. De este modo, al poseer la naturaleza de “lesa humanidad”, estas acciones no serían pasibles de amnistía o indulto y, sobre todo, serían imprescriptibles, por lo cual pueden ser juzgados a pesar del tiempo que han transcurrido más de dos décadas.

 

Por otro lado, debemos recordar que esta no es la primera vez que el tema se ventila, pues desde finales de la década de los 80 se vienen realizando denuncias públicas por diversos medios de comunicación, sin lograr que se efectuara ninguna investigación desde las instancias judiciales (Poder Judicial y Ministerio Público) o desde el Ejecutivo sobre los hechos o sobre la existencia del mencionado grupo paramilitar. Conforme al informe final de la CVR, solo una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados del Congreso de la  República,  en  1989, realizó una labor de este índole, finalizando con un informe en mayoría que concluyó que la citadaorganización no existía, mientras que el informe en minoría afirmó que habían evidencias suficientes que acreditaban su existencia.

 

Por ello, resulta importante resaltar que en las investigaciones preliminares del proceso se llegó a establecer, finalmente, la existencia del Comando Militar Rodrigo Franco, concluyendo que se encontraba conformado por jóvenes integrantes del Comando Universitario Aprista (CUA) y miembros en actividad y retiro de la Policía. Asimismo, se identifico el vínculo que poseía este grupo paramilitar con el Ejecutivo de esa época, específicamente con el Ministerio del Interior a través del ex ministro Agustín Mantilla.

 

De esta forma, y tras varios años de espera, parece que la justicia abre sus puertas para el presente caso, a fin de evitar su impunidad. Será la Sala Penal Nacional, presidida por el Juez superior Ricardo Brusett, la encargada de definir tan importante proceso en los próximos meses. Sin embargo, pese a que la denuncia permite que la justicia intervenga en el presente caso, queda la sensación de que falta un invitado para dilucidar esta controversia. Si el Fiscal aplica la teoría de la autoría mediata para denunciar a Agustín Mantilla, vale preguntarse ¿por qué no se solicitó la presencia del ex presidente Alán García Pérez? ¿Habiendo sido el presidente de gobierno no debía estar, al menos, enterado de todos los acontecimientos? Es una cuestión que queda pendiente y esperamos que el Fiscal sepa argumentar estas decisiones en el menor tiempo posible.