¿Es tan difícil cumplir un acuerdo?

  Por: Rosa María Palacios 

El 19 de julio de 1980, en los últimos días de la dictadura militar, se firmó en Lima el Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú. Su artículo 19 dice: “La Iglesia tiene plena libertad para establecer centros educacionales de todo nivel, de conformidad con la legislación nacional, en el ámbito de la educación particular”. Hago notar que se le señala específicamente a la Iglesia un límite: someterse a la ley nacional. Mons. Mario Tagliaferri, Plenipotenciario de la Santa Sede, estampó su firma en este documento libre, voluntariamente y sin hacer excepción de las obligaciones que la Iglesia asumía frente al Estado peruano.

En esos días regía el decreto ley 17437, Ley Orgánica de la Universidad Peruana, que fuera promulgada el 18 de febrero de 1969 por el dictador Velasco. Esa norma reconocía dentro de su ámbito a las únicas cuatro universidades privadas existentes. La primera, la Universidad Católica. Las otras, Cayetano, Católica Santa María y Pacífico. La norma creó un sistema de gobierno común para las universidades públicas y privadas basado en una Asamblea como “máximo órgano de gobierno de la universidad”. Es decir, cuando se firmó el Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Peruano, el máximo órgano de gobierno de la PUCP, para la ley peruana, era su Asamblea. No el Papa ni, muchos menos, el arzobispo de Lima.

¿Fue esto una expoliación a la Iglesia? Es posible, en lo que se refiere al gobierno de la PUCP, pero lo cierto es que esta aceptó la situación al firmar el Acuerdo sin reclamo. Si no quería someterse a la ley peruana, la Iglesia no debió firmar o debió insistir en que los emprendimientos educativos universitarios católicos estaban sometidos a la jurisdicción de otro Estado. Curiosamente, en los últimos días, varios columnistas defensores de la posición del arzobispo de Lima han hecho cronologías para justificar el sometimiento de la PUCP a la legislación de la Santa Sede. Podrán ver que todas terminan en 1968 y ninguna menciona el texto del Acuerdo.

El sistema de gobierno por asamblea se mantuvo en la Ley 23733 aprobada en 1983 por el gobierno de Belaúnde. Esta ordenó una reforma estatutaria y elecciones en todas las universidades del país. Con muchas modificaciones, esta es la norma que se mantiene en esencia hasta hoy. Posteriormente, muchas universidades privadas fueron fundadas por órdenes religiosas u organizaciones católicas. La mayoría no adoptó el nombre de “católica” para poder organizarse con toda autonomía frente a la Santa Sede. Y nadie, sino fuera de mala fe, podría llamarlas “rebeldes al Papa”.

¿Es el régimen de asamblea la mejor forma de gobierno? El asunto disgustó mucho a miembros de la Iglesia en 1969. Desde ese entonces se estableció una situación de tensión entre la Santa Sede y la PUCP cuyos estatutos no se aprobaron por la primera a pesar de los esfuerzos de la segunda por dar prerrogativas estatutarias al arzobispo de Lima y a otros miembros del clero y posteriormente adaptarse, en lo que no sea incompatible con la ley peruana, a la Ex Corde Ecclesiae. Ningún esfuerzo le es reconocido hoy. Sin embargo, a la PUCP no le ha ido nada mal con el sistema de asamblea. 45 años después, medio gabinete, así como el Presidente y su esposa, son ex alumnos de la PUCP. Guste o no, es una de las mejores universidades del Perú y lo seguirá siendo mientras su esencia se conserve.