Dinero para los partidos

Por: Fernando Tuesta Soldevilla 

El entrampamiento que experimenta el gobierno tiene entre una de sus causas la carencia de un partido político que lo sostenga. El Partido Nacionalista Peruano está lejos de ser la fuente de la que se sirve el presidente Humala para poder gobernar. Los sucesivos partidos que han llegado al poder en las tres últimas décadas, han terminado su mandato más débiles que cuando lo asumieron. Un tema que es dramático es el que corresponde a la economía partidaria. No existen más partidos políticos que vivan de los aportes de sus militantes, así como de las actividades y negocios del partido.

El encarecimiento de las campañas electorales y de la propia funcionalidad de los partidos políticos hace imposible que se mantengan financiados de la manera tradicional. Ya no pueden proveerse solo de los recursos privados, a costa de depender de quienes sí los tienen. Es decir, de los grupos económicos o del dinero mal habido. 

Ante tal situación crítica de los partidos, desde la década del setenta, muchos países se vieron en la necesidad de implementar el financiamiento público. En América Latina, salvo los casos de Venezuela y Bolivia, los partidos reciben fondos públicos. Esto ocurre, sin embargo, en el momento en que los partidos políticos, en general, han perdido credibilidad y son más sensibles a la presión de los medios y la opinión pública, por lo que el debate sobre este tema ha estado contaminado por malos desempeños partidarios y prejuicios extendidos. Se ha dejado pues poco espacio para entender y dar una salida a la economía de los partidos. 

Pocos saben que la Ley de Partidos Políticos promulgada en noviembre del 2003, incorpora la figura del financiamiento público directo, pero supeditado a la disponibilidad presupuestal. Es decir, a la voluntad de los gobiernos. Lo que ha ocurrido es que estos no han querido disponer presupuesto público para no recibir la silbatina pública. El problema es que los partidos políticos al carecer de fondos, por más que quieran mejorar su desempeño, difícilmente lo podrán hacer, sin dinero.

La condición para que se implemente el financiamiento público es eliminando la tercera disposición transitoria de la Ley de Partidos Políticos. De esta manera, se podrá asignar recursos a los partidos que cuenten con representatividad parlamentaria. La ley ya contempla el monto y la forma de distribución de acuerdo a variables relacionadas con el nivel de representación alcanzado en votos en las elecciones parlamentarias y no por el número de escaños conseguidos, pues hay sistemas electorales distorsionadores.

Pero ¿cuánto es lo que recibirían los partidos políticos? Haciendo una simulación, todos los partidos recibirían poco menos de 9 millones de soles anuales. Es la cifra más pequeña de financiamiento público directo de algún país en la región. Esta cantidad, que mensualmente llega a la cifra de alrededor de 800 mil soles,  es realmente diminuta para los 6 partidos políticos presentes en el Congreso, que en realidad suman 14, pues están cobijados en alianzas electorales. Sin embargo, sería un gran aporte para la franciscana vida partidaria.

Sin embargo, sería bueno realizar algunas modificaciones en los aspectos relacionados al destino del financiamiento público. Centralmente, deben de invertirse en el mantenimiento de los hoy locales partidarios y el pago de los servicios que los acompañan y no en pago de personal. Partido político sin un espacio físico, es un partido disminuido. Eso permitirá, además, una presencia más efectiva de los partidos a nivel nacional. Y en segundo lugar, para los que tienen desconfianza y para desarrollar un mayor control, la asignación podría realizarse no de manera anticipada, sino con cargo a los gastos que por esos rubros se han pagado. En tercer lugar, destinar por lo menos el doble para los años de elecciones. En concreto, se trata de sincerar una dinámica económica, que hoy transita por los oscuros caminos del financiamiento privado.