El diario La República rescató un paquete de 50 documentos sobre los antecedentes del comandante del Ejército Peruano Eduardo Ramos Chávez, oficial de infantería en actividad y recién destacado al Estado Mayor de la 18 Brigada Blindada.
Los documentos son copia de un expediente investigatorio abierto por los órganos correspondientes del Ejército a la gestión del comandante Ramos como jefe del Batallón de Infantería Motorizada Nº 322. El cargo lo desempeñó de enero a diciembre de 1999.
El BIM 322 tiene asiento en Chocope, provincia de Ascope, departamento de La Libertad, a una hora de viaje al norte de Trujillo.
La documentación ha adquirido especial interés porque una parte importante de ella está referida a los servicios ilegales que el mencionado comandante Ramos realizó a favor de la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa S.A., más conocida por sus siglas COMARSA, empresa de propiedad del grupo familiar Sánchez Paredes, que hoy es investigado por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Inicio de la relación
Los papeles recuperados datan de 1999 y demuestran el uso del personal militar, vehículos, armas y combustible del Ejército para prestar servicios de seguridad a COMARSA a cambio de pagos mensuales que fueron en beneficio personal del comandante Ramos y no se sabe de quién más.
Tales negociados marcarían el inicio de un vínculo que, según revelaciones recientes de IDL-Reporteros y de Diario 16, persistiría hasta hoy.
Ambos medios sacaron a luz el intento de “lobby” a favor del grupo familiar de los Sánchez Paredes que el comandante Eduardo Ramos realizó ante el teniente general PNP Miguel Hidalgo Medina, director general de la Policía Nacional, en octubre del 2009.
Según la denuncia del propio Hidalgo, Ramos acudió a interceder por los investigados por lavado de dinero. Hidalgo rechazó la pretensión y encausó al comandante. El encuentro había sido gestionado por el general EP (R) Edwin Donayre Gotzch, ex comandante general del Ejército en el 2007-2008.
El comando ni se inmuta
En el 2010, el comandante Eduardo Ramos se desempeñó como miembro del Estado Mayor de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales (ex DIFE). Y a partir de enero de este año ha sido destacado a la 18 Brigada Blindada del Rímac. Ambas grandes unidades estratégicas. Las implicancias del militar en un caso relacionado con lavado de dinero no parecen inmutar al comando del instituto.
Menos aún los antecedentes, de 1999, del comandante Eduardo Ramos que La República ha desempolvado y que obran en los archivos de Inspectoría del Ejército.
Seguridad de COMARSA
El paquete incluye dos autorizaciones con sello del BIM 322 y firma del comandante Ramos. El documento facultaba al tesorero de la unidad a recoger y hacer efectivo los cheques de COMARSA.
Seis facturas de COMARSA con la rúbrica de la administradora Amanda Sánchez Paredes por 5,130 soles cada una. Este era el costo mensual del servicio.
Alquiler de Comandcar
El comandante Ramos alquilaba a la Corporación Minera Nor Perú S.A. un vehículo militar tipo Comandcar a un costo de 3,300 soles. Esto ocurrió en abril, mayo y junio de 1999. Pero como la unidad no podía facturar se fraguaron esos documentos. Se tienen copias de 15 facturas falsas por un total de 14,747 soles.
Como la demanda era mayor, Ramos adquirió para su propiedad tres camionetas 4x4, y dos de ellas las alquilaba a la corporación por 5,600 soles mensuales. Los choferes los ponía el batallón.
Combustible y otros
Obran también tres facturas de Hidrandina que prueban la recepción ilícita de 1,500 soles mensuales por comercialización irregular de combustible, e informes sobre el empleo de personal de tropa y vehículos militares para dar seguridad a la Empresa Pesquera Piangesa y a la Empresa Agro Industrial Casa Grande.
Fue “topo” de Montesinos en el 2000
El momento crítico en la carrera del comandante Eduardo Moisés Ramos Chávez Valdivia se produjo a comienzos del 2000. Fue investigado por irregularidades en el BIM 322, Chocope.
En mayo del 2000 fue llamado por Vladimiro Montesinos. El ex asesor archivó su caso. Gestionó su “baja ficticia” (supuesta) y lo dedicó a reclutar tránsfugas en el Congreso. Waldo Ríos fue persuadido por él.
Ante la caída del régimen fujimorista se quedó en el aire. En el 2002 fue sancionado por falta grave y se le impuso un año de disponibilidad. Luego intentó su reincorporación pero le fue denegada. En febrero de 2007, bajo la gestión del general Edwin Donayre, volvió al servicio activo y allí lo tenemos.
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JAIME ESPEJO ARCE