El día viernes último el ministro Rafael Rey brindó una conferencia de prensa para seguir explicando su particular punto de vista acerca del ahora archi cuestionado decreto legislativo Nº 1097, por el cual ha perpetrado una amnistía encubierta para los militares y policías procesados por graves violaciones a los derechos humanos. En realidad, poco pudo explicar sobre su reciente aprendizaje del derecho procesal penal y del derecho internacional de los derechos humanos, porque los periodistas estaban más interesados en que dé explicaciones acerca de la investigación que solo horas antes IDL-Reporteros, que dirige Gustavo Gorriti, había propalado por el internet y que daba cuenta de la estrecha colaboración de algunos abogados de los procesados por esos crímenes para la elaboración de la mencionada norma.
Ante la contundencia de las evidencias, el ministro Rey no tuvo más que aceptar de manera pública que efectivamente había realizado consultas a los abogados César Nakasaki (abogado del condenado Alberto Fujimori y otros procesados) y Sergio Tapia Tapia (abogado de los marinos del caso El Frontón).
Pero en un gesto que es una mezcla de desesperación política y la típica criollada fujimorista el ministro Rey no tuvo mejor idea que anunciar que así como había consultado con los abogados Nakasaki y Tapia también había consultado el contenido del decreto legislativo Nº 1097 a los abogados de las ONG´s de derechos humanos y de manera especial a los abogados del IDL. ¿A qué abogados de las ONG´s consultó? Nunca lo dijo. ¿A qué abogados del IDL consultó? Tampoco lo dijo.
Ante ello el Instituto de Defensa Legal desea reiterar públicamente que jamás, ninguno de sus abogados ha sido consultado o entrevistado por funcionarios del Ministerio de Defensa sobre el contenido del decreto legislativo Nº 1097. Es más, a través de diversos medios de comunicación hemos estado requiriendo al ministro que proporcione el o los nombres si los tiene pero –como era de esperarse- no hemos tenido ninguna respuesta. Se trata pues de una mentira y por ello hemos considerado necesario remitir al ministro una carta -que a continuación presentamos- haciendo de su conocimiento nuestra opinión sobre este vergonzoso suceso. (Autor: Carlos Rivera Paz)
Ante la contundencia de las evidencias, el ministro Rey no tuvo más que aceptar de manera pública que efectivamente había realizado consultas a los abogados César Nakasaki (abogado del condenado Alberto Fujimori y otros procesados) y Sergio Tapia Tapia (abogado de los marinos del caso El Frontón).
Pero en un gesto que es una mezcla de desesperación política y la típica criollada fujimorista el ministro Rey no tuvo mejor idea que anunciar que así como había consultado con los abogados Nakasaki y Tapia también había consultado el contenido del decreto legislativo Nº 1097 a los abogados de las ONG´s de derechos humanos y de manera especial a los abogados del IDL. ¿A qué abogados de las ONG´s consultó? Nunca lo dijo. ¿A qué abogados del IDL consultó? Tampoco lo dijo.
Ante ello el Instituto de Defensa Legal desea reiterar públicamente que jamás, ninguno de sus abogados ha sido consultado o entrevistado por funcionarios del Ministerio de Defensa sobre el contenido del decreto legislativo Nº 1097. Es más, a través de diversos medios de comunicación hemos estado requiriendo al ministro que proporcione el o los nombres si los tiene pero –como era de esperarse- no hemos tenido ninguna respuesta. Se trata pues de una mentira y por ello hemos considerado necesario remitir al ministro una carta -que a continuación presentamos- haciendo de su conocimiento nuestra opinión sobre este vergonzoso suceso. (Autor: Carlos Rivera Paz)
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JAIME ESPEJO ARCE