Por la gravedad de su participación en los hechos, la titular del Primer Juzgado Penal Especial impuso mandato de comparecencia restringida e impedimento de salida del país a cuatro oficiales y dos civiles, a quienes atribuyen los delitos de colusión y peculado.
La drástica orden judicial alcanza al ex jefe del Comando de Personal y ex presidente de la Junta de Administración del Fondo de Sepelio de la FAP (Fosefap) mayor general César Gallo Lale, pasado al retiro en enero último.
No están todos
También están comprendidos en las restricciones los mayores FAP Juan Ramírez Llanos e Ibo Zúñiga Escudero, la capitana FAP Giovanna Ames Martínez y el teniente Renzo Vergara Velásquez, quienes eran parte de la administración del Fosefap y del Fondo de Seguro de Retiro y Cesación (FSRC).
El ex asesor de la administración de los fondos Víctor Soto Díaz y el corredor de bolsa de la empresa Finvest Guillermo Jurado Otoya completan la relación de los procesados que no pueden abandonar el territorio nacional.
Sin embargo, la jueza Magalli Báscones no abrió juicio al mayor general (r) Alberto Schroth Mier-Proaño, quien administraba el FSRC y era parte del Fosefap, en su condición de director de Economía de la institución castrense. Fuentes del despacho judicial indicaron que, no obstante que la magistrada recogió testimonios y documentos que acreditarían la responsabilidad de Schroth --como consta en el documento de apertura de instrucción--, no se pronunció sobre este ex oficial porque su caso se encuentra en el Cuarto Juzgado Penal Transitorio, a cargo del juez Marco Aurelio Tejada.
Según los considerandos de la apertura de instrucción, Gallo y Schroth ordenaron que los fondos de retiro, cesación y sepelio fueran entregados a la corredora Finvest para que los invirtiera en la Bolsa de Valores de Lima sin el respaldo de estudios sobre la credibilidad de dicha empresa. Ni bien se reveló que Finvest se quedó con US$ 7 millones de la FAP, fugó el gerente general Juan Delzo Ríos.
La jueza también indica que, a pesar de la existencia de indicios de que Finvest había desaparecido el dinero, los oficiales FAP a cargo del control y fiscalización de los fondos no denunciaron el hecho. El robo de los fondos perjudica a más de 15 mil efectivos en activo y en retiro.
El dato
RAPIDEZ. La jueza Magalli Báscones fijó para el 17 de octubre la declaración instructiva del mayor general FAP (r) César Gallo Lale.
EVIDENCIA. La Contraloría General de la República practicó una auditoría a la administración de los fondos de retiro, cesación y sepelio, y concluyó que no había información disponible sobre el manejo del dinero durante el periodo 2000-2004, en la gestión de Alberto Schroth. (La República)
Le recomiendo que igualmente señale en su artículo que a la fecha el poder judicial ha considerado no seguir el juicio oral contra los oficiales que se desempeñaron como miembros de la Junta de Administración del Fondo de Seguro de Retiro de la FAP, dejándose a salvo su derecho a la presunción de inocencia. No se les ha probado responsabilidad alguna .
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