A la investigación judicial que afronta el presidente de Perupetro, Daniel Saba de Andrea, por el caso ‘petroaudios’ –expediente que se encuentra en manos del juez anticorrupción Jorge Barreto– podría añadirse una denuncia más al ponerse al descubierto, a través del noticiero Primera Noticia, que un alto funcionario de la institución que dirige se encarga de su defensa legal en el referido proceso penal.
Según el procurador Jorge Luis Caldas, uno de los abogados acreditados a la defensa de Saba en el citado proceso es el actual secretario general de Perupetro, Enrique Verdeguer Herrera, quien, tal como indica el defensor del Estado, ha asistido a las diligencias judiciales que se han desarrollado desde que, en octubre de 2008, se difundieran los audios que revelaban los negociados de Rómulo León y Alberto Quimper a favor de la empresa noruega Discover Petroleum.
“Conozco a Verdeguer pues lo he visto en las diligencias que se desarrollan en el juzgado anticorrupción desde las ocho de la mañana. Siendo funcionario público, no puede ejercer la defensa de Saba en un proceso penal que tiene como agraviado al Estado, porque cómo es posible que funcionarios que paga el Estado defiendan intereses particulares. Este es un tema irregular que debe ser investigado, y formalizaremos la denuncia para que el Ministerio Público tome cartas en el tema”, arguyó el procurador.
Caldas indicó que, si bien la legislación faculta a las instituciones públicas a que contraten estudios de abogados para que asuman la defensa de sus funcionarios en procesos civiles o penales, esta no debe ser ejercida por miembros de la misma entidad.
Según el procurador Jorge Luis Caldas, uno de los abogados acreditados a la defensa de Saba en el citado proceso es el actual secretario general de Perupetro, Enrique Verdeguer Herrera, quien, tal como indica el defensor del Estado, ha asistido a las diligencias judiciales que se han desarrollado desde que, en octubre de 2008, se difundieran los audios que revelaban los negociados de Rómulo León y Alberto Quimper a favor de la empresa noruega Discover Petroleum.
“Conozco a Verdeguer pues lo he visto en las diligencias que se desarrollan en el juzgado anticorrupción desde las ocho de la mañana. Siendo funcionario público, no puede ejercer la defensa de Saba en un proceso penal que tiene como agraviado al Estado, porque cómo es posible que funcionarios que paga el Estado defiendan intereses particulares. Este es un tema irregular que debe ser investigado, y formalizaremos la denuncia para que el Ministerio Público tome cartas en el tema”, arguyó el procurador.
Caldas indicó que, si bien la legislación faculta a las instituciones públicas a que contraten estudios de abogados para que asuman la defensa de sus funcionarios en procesos civiles o penales, esta no debe ser ejercida por miembros de la misma entidad.
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JAIME ESPEJO ARCE