COCA COLA, EL MEF Y SERPAR

El viernes pasado, el congresista Manuel Dammert, de las filas del Frente Amplio, detonó una bomba. Exitosa Diario recogió el caso en portada al día siguiente y señaló que:

Según el congresista, Castilla Rubio incurrió en conflicto de in­terés al haber enviado al Legis­lativo –a través de la Presiden­cia– un proyecto de ley sobre Habilitaciones Urbanas que be­neficia a la Corporación Lindley (Coca Cola) y le genera un per­juicio al Servicio de Parques de Lima por un monto de S/. 8 millo­nes 307 mil.

Dicha norma propone redu­cir el pago por habilitación urbana al proponer que la tasa a pagar sea no so­bre el valor comercial de un predio, sino so­bre su valor arance­lario –bastante me­nor–, lo que significa una reducción de los ingresos municipales de hasta un 90%, en este rubro.

Según el parlamentario la fábrica de Coca Cola en Pucusa­na, kilómetro 60 de la Paname­ricana Sur, tiene una deuda con Serpar por el uso industrial de un predio de 669,100 m2 que hasta la fecha no ha sido cancelada. En caso de que se apruebe la inicia­tiva legal le permitiría a la trans­nacional pagar solo alrededor de 9 mil soles.

Dammert explicó que el 15 de abril de este año, Coca Cola pre­sentó una so­licitud a Serpar pidiendo que se mo­difique el criterio del pago de la deuda, pero que al considerarse que la misma le generaba pérdi­das económicas a la Municipali­dad de Lima, fue rechazada días después.

Lo curioso, señaló, es que el 28 de julio último, el Ejecutivo envió el proyecto de ley de redención de aportes conteniendo en su ar­ticulado una copia fiel del docu­mento que la Corporación Lind­ley había enviado a la comuna capitalina.

En realidad, el proyecto, según SERPAR, es aún peor. Vía El Comercio:

El Servicio de Parques de Lima solicitó al Congreso, mediante un comunicado, que no se apruebe el Proyecto de Ley  N°03690, que pide modificar el artículo 19 de la ley N° 29090, el cual propone que las empresas inmobiliarias ya no aporten a Serpar por el valor comercial del establecimiento, sino por el valor arancelario urbano. Es decir, la infraestructura y los servicios básicos con los que cuenta.

Según Serpar, esta medida reducirá en un 93% sus ingresos por aportes inmobiliarios, pues el valor arancelario siempre es mucho menor que el valor comercial del establecimiento. Detalló que esto afectará la administración de 15 parques zonales y metropolitanos, así como la implementación de programas deportivos, educativos y centros culturales.

Asimismo, señaló que es falso que dicha ley reactivará las inversiones inmobiliarias, puesto que desde el año 2000 esta ha venido creciendo sin parar. Y precisó que los aportes de las inmobiliarias son necesarios para compensar las áreas verdes que son afectadas por el incremento de construcciones.

El tema ha merecido ya el pronunciamiento de algunos candidatos. Como es de suponer, Susana Villarán ha señalado que el proyecto presentado afectaría a su administración. Mientras que Salvador Heresi, en entrevista con Rosa María Palacios ayer, señaló que respalda la gestión de SERPAR y rechaza esta modificación normativa.

El miércoles, que se sustentó la Ley de Presupuesto 2015, Dammert inquirió a Castilla sobre el tema. el ministro dijo que el proyecto no era del MEF, sino del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pero reconoció que:

“Durante la elaboración de esta propuesta, un asesor del ministerio de Vivienda cometió un error de reproducir textualmente un extracto de referencias normativas vinculadas a la problemática,utilizando documentos de gremios y de empresas entregados en el marco de reuniones sostenidas entre ese despacho y estos privados”, respondió Castilla.

¿Cuáles eran esas medidas? Según Exitosa, un asesor de la alta dirección del MVCS y el viceministro de Vivienda y Urbanismo, Ricardo Vidal Nuñez, pusieron su cargo a disposición, aceptándose la renuncia al primero de los nombrados. El Comercio indica que el asesor es el abogado Jorge Garcés Cárdenas y que el ministro Milton Von Hesse no ha aceptado la dimisión de su viceministro.

Lo cierto es que, en efecto, en el proyecto de Ley enviado se recogen los argumentos planteados por Corporación Lindley, empresa a cargo de Coca Cola en el Perú, en su reclamación a SERPAR. Así lo demuestra el cruce de documentos hecho por el periodista Martín Hidalgo. En otras palabras, el Poder Ejecutivo hace suyos los argumentos de una empresa privada que hace un reclamo a la Municipalidad Metropolitana de Lima. El mundo al revés.

Lindley ha negado cualquier tipo de presión e indicó que su reclamo lo canalizará a través del Poder Judicial. Mientras que el congresista Casio Huaire ha presentado un proyecto para evitar que esta norma se aplique.

Como indica Palacios, la reputación de dos instituciones, una privada y una pública, terminan comprometidas aquí:

Las empresas peruanas gastan millones en programas de res­ponsabilidad social tratando de mejorar externamente lo que no se ha mejorado internamente. Este es un caso de la típica incon­sistencia entre lo declarado y lo actuado. El mensaje de fondo es atroz: Coca Cola no quiere pagar lo que le toca por las áreas verdes para Lima. ¿La bebida de la alegría familiar se opone a que los pocos lugares verdes y públicos de la ciudad –grandes parques zonales– se mantengan o se expandan para esas familias que quiere felices tomando Coca Cola? ¿Qué dice su matriz en Atlanta?

Pero es el Poder Ejecutivo el que tiene una responsabilidad central en este caso. El proyecto de ley no es una iniciativa de un congre­sista mafioso o sorprendido. No. Es el proyecto de ley que, entre decenas de disposiciones –como para marear al más sabido– para “promover la inversión” fue mandado por el propio presidente Humala al Congreso bajo elabora­ción del MEF. El proyecto incluye así, solapa nomás, una norma para que los aportes a SERPAR que debe pagar toda habilitación urbana se calculen sobre valor arancelario y no sobre valor comercial como hasta ahora.

La diferencia, millonaria, destruye el esquema de financia­miento de SERPAR. La protesta fue inmediata. La sorpresa se dio cuando la exposición de motivos del MEF sonaba muy familiar en SERPAR. ¿Por qué lo era? Porque se copió el mismo escrito presen­tado por Coca Cola a SERPAR para no pagar. En resumen, le debemos a un lobista y a los funcionarios más ociosos del Estado el sa­ber cómo se hacen negocios en tiempos de Castilla: mercantilismo puro y duro. Y del peor.

Lo cierto es que, en medio de los escándalos Mayorga y Cornejoleaks, este caso aumenta las suspicacias en torno a la relación entre inversionistas privados y los ministerios cercanos a sectores productivos. Y, además, deja en claro que la relación entre Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal no es precisamente la más feliz. Y que el mercantilismo de la peor estofa sigue reinando en el Estado peruano, con la anuencia del ministro más poderoso del gobierno.

(Foto: El Comercio)