jueves, 25 de abril de 2013

Presidencia del Consejo de Ministros denuncia a experto por opinar sobre interceptaciones telefónicas

sospecha que lo pueden estar denunciando para callar sus críticas a la estrategia en el Vraem
El 22 de abril de 2013, el analista sobre narcotráfico, terrorismo y seguridad, Pedro Yaranga Quispe, denunció al IPYS que desde marzo pasado es objeto de una acusación promovida por el Procurador Público de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Carlos Cosavaente Chamorro, por haberse referido en un medio de comunicación a unas interceptaciones telefónicas. El hecho se registró en Lima, capital del país.
Yaranga Quispe fue consultado en febrero pasado por el programa Cuarto Poder de América TV, para opinar sobre una alerta emitida por la embajada de los EE.UU. en Perú, que recomendaba a sus conciudadanos no viajar a Machu Picchu (Cusco) debido a la supuesta pretensión de subversivos de secuestrar a ciudadanos estadounidenses. La opinión del analista fue que dicha alerta era exagerada.
Yaranga amplió su comentario para sostener que últimas interceptaciones (que se hacen desde unidades de inteligencia) se sabía de comunicaciones entre mandos terroristas, quienes adelantaban sobre posibles acciones en la selva cusqueña. Con ello no reveló información que ponga en riesgo la seguridad ni información clasificada.
Pero el comentario bastó para que la PCM le imputara los delitos contra la seguridad y la fe pública en la modalidad de falsedad genérica, y para que su Procurador Público lo denunciara ante la 33º Fiscalía Provincial Penal de Lima, que pasó el caso a Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú (PNP), donde fue citado el 13 de abril, para una diligencia en presencia de la Fiscal y el Procurador Público de la PCM.
El especialista contó al IPYS que el Procurador, desconociendo el derecho de reserva profesional, le exigió insistentemente que detalle cómo supo de las interceptaciones, y que revelara si sus fuentes eran policías, militares o civiles, además de aclarar si las fuentes le había autorizado hacer sus comentarios,
De acuerdo a Roberto Pereira, asesor del IPYS, se trataría de una indebida presión a través del sistema de persecución penal para que Yaranga revele sus fuentes, conducta que se encuentra proscrita por el derecho a la reserva de las fuentes y por ende por la libertad de expresión.
Como sospecha Yaranga Quispe, la denuncia se trataría de un acto de amedrentamiento por sus opiniones discrepantes con las acciones y políticas de seguridad del gobierno en la zona del VRAEM, que se remontarían desde sus críticas al operativo Libertad ocurrido Cusco en abril de 2012, que supuso el rescate de los rehenes de Transportadora de Gas del Perú en que murieron 12 policías y 8 militares.
El caso Yaranga Quispe se encuentra en la 33º Fiscalía Provincial Penal de Lima, para la emisión una resolución que podría ampliar la investigación, pero en lo que él espera se archive porque a todas luces se trata de una exageración y nunca de un delito; sino más bien de un caso donde debe ser ponderada la libertad de opinión y de expresión. (Instituto Prensa y Sociedad)