LOS TÚNELES DE LOS QUE NO SALIMOS

Hace un par de semanas, entrevisté en La Mula al periodista David Hidalgo, autor del libro Sombras de un rescate: tras las huellas ocultas en la residencia del embajador japonés (Lima, Planeta, 2007), con motivo de los 15 años de la toma de dicha casa, a manos de miembros del denominado Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Al terminar dicha charla, me quedó como sensación que la sociedad peruana aún no ha terminado de procesar este hecho, que culminó con el exitoso operativo de rescate de rehenes bautizado como “Chavín de Huántar”.

Existen varias cuestiones de aquel prolongado secuestro que, a esta altura, resultan claras. La toma de rehenes es un delito, el MRTA fue una organización subversiva que empleó métodos como el secuestro para propiciar el terror en los ciudadanos peruanos y obtener objetivos políticos y financiamiento económico, existieron muchos descuidos de inteligencia que permitieron un acto de este tipo, la operación militar de rescate fue exitosa y modélica y existió una deliberada disputa entre los miembros principales del fujimorato por apropiarse del mérito de un operativo exitoso.

Pero hay algunos puntos en esta historia que nos han impedido terminar de procesar este acontecimiento. El principal, sin duda, es la presunta existencia de ejecuciones extrajudiciales ocurridas con posterioridad al operativo de rescate. Y que ha vuelto esta semana a la palestra con la demanda interpuesta por la CIDH al Estado Peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este caso.

Aclaremos aquí varias cuestiones.

1. ¿Hay indicios para hablar de ejecuciones extrajudiciales? Sí. Y ellos van más allá del conocido testimonio del ex diplomático japonés Hidetaka Ogura. Las pericias realizadas por el Equipo Peruano de Antropología Forense revelan que, al menos en un caso, uno de los secuestradores fue ultimado con un solo disparo, en forma tal que fue presuntamente ejecutado en condición de rendido. Existen, además, otros testimonios que apuntan en la misma dirección, como los ofrecidos por los policías Marcial Torres Arteaga y Raúl Robles Reynoso, quienes entregaron a un secuestrador vivo al equipo comandado por Jesús Zamudio Aliaga, según registra tanto el expediente judicial del caso como el libro del periodista Umberto Jara.

La tesis central que maneja el Ministerio Público es la existencia de un equipo con una cadena de mando paralela, distinta a la de la operación militar.

2. ¿Quiénes son los implicados en estas ejecuciones extrajudiciales? En concreto, cuatro personas: Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Roberto Huamán Azcurra y el ya mencionado Zamudio Aliaga(prófugo de la justicia). A ellos podría sumarse, en teoría, Alberto Fujimori, pero vemos difícil que el Estado peruano tramite ante Chile la ampliación de la extradición por este caso, debido a la pertenencia de los presuntos ejecutados a una organización subversiva rechazada casi unánimemente por la sociedad peruana (rechazo al que me sumo, por cierto).

Estas cuatro personas están siendo procesadas ante el Poder Judicial y se viene celebrando por tercera vez el juicio oral en este caso, ya que, en dos veces consecutivas la Sala encargada del caso ha cambiado a 2 de sus 3 magistrados. Por regla procesal, eso hace que se “quiebre” el proceso.

3. Entonces, ¿cuál es el problema que se resolverá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos?Cabe mencionar, para comenzar, que la Corte no establecerá juicio alguno sobre la inocencia o culpabilidad de nadie, ni de los comandos, ni de los cuatro procesados en el Poder Judicial peruano. Este organismo procesa a estados y no a individuos.

La Corte determinará, fundamentalmente, si es que existen indicios para presumir la existencia de ejecuciones extrajudiciales y si existieron violaciones al debido proceso en el esclarecimiento de estos hechos en sede nacional, cuestiones por las que puede hacerse responsable al Estado peruano.

4. El tema del fuero militar: Y he aquí lo que concierne a los comandos. Al igual que los medios que se han escandalizado con este proceso en el sistema interamericano, consideramos que los comandos son inocentes y que la operación militar no debe ser cuestionada. Pero, a diferencia de estos medios, sí creemos que existe un problema en la absolución de los comandos hace casi una década. Y ello por una razón bastante simple:las investigaciones fueron cerradas para ellos en el fuero militar.

La jurisprudencia nacional e internacional señala que el fuero militar no es el ámbito en el que se deban resolver casos de derechos humanos. Ello porque es una instancia judicial excepcional, destinada para delitos de función, entre los que no se encuentran las ejecuciones extrajudiciales.

De allí que una abogada y periodista como Rosa María Palacios haya sugerido desde hace varios meses, cuando era previsible que el caso llegue a la Corte – y ante la alta probabilidad de derrota en el proceso, por lo arriba señalado -, que el Ministerio Público inicie de oficio una investigación a los comandos que termine con el sobreseimiento del caso para ellos en forma definitiva.

Este es el aspecto estrictamente legal, que no es difundido por los medios que se convierten en los altoparlantes de un sector conservador y cavernario, que no duda en utilizar a héroes para su agenda particular, olvidando que toda persona, más allá de sus méritos o deméritos particulares, debe someterse a la justicia cuando ésta lo requiera. Comprendo el malestar pues, personalmente, se lo que se siente cuando alguien está convencido de su inocencia y, aún así, debe afrontar un proceso judicial, con todo lo que ello implica. Pero eso no quita que una persona deba acudir a sus citaciones e investigaciones. Nadie está por encima de la ley, ni un ciudadano común, ni un héroe, ni un alto dignatario.

Y no dudo que este hecho va a ser utilizado por este mismo sector para querer insistir con el indulto a Alberto Fujimori. Ya no por la socorrida fórmula de la salud, desbaratada la semana pasada por dos reportajes del periodista Daniel Yovera difundidos en el programa Tribuna Abierta, sino apelando al trillado argumento de sus méritos frente al terrorismo. Tema que legalmente no está contemplado, ni que tampoco debiera ser tomado en cuenta.

Como dijo Juan Carlos Tafur en una columna reciente: “Si nuestra casa se incendia y llamamos a los bomberos para que nos salven, pero en la tarea los mismos roban nuestros enseres y además violan a algún familiar, ¿deberemos acaso perdonarles dichos delitos en mérito a su salvataje? Por supuesto que no. Pues eso hizo Fujimori.” Y añadiría, lo empeoró cuando quiso atribuirse todos los méritos de una victoria que tiene varios factores y, con su conducta, terminó tiñendo todo bajo el manto de la sospecha y, en casos puntuales, ello implicó la comisión de delitos concretos.

Ojalá los comandos puedan quedar fuera, ya no solo del proceso judicial, sino también de las manipulaciones de un sector político que mantiene invicta su capacidad de mentir y utilizar a personas que cumplieron con su deber y que no merecen asociarse al grupo más retorcido de la política nacional, ni a susayayeros mediáticos con el ADN lleno de camisas negras. (José Alejandro Godoy - DESDE EL TERCER PISO)