Tal como había sucedido anteriormente con el caso de la aprista Tula Benites Vásquez, el fiscal supremo José Antonio Peláez Bardales favoreció a la otra legisladora desaforada, Elsa Canchaya Sánchez (UN), al emitir un dictamen para que se declare la nulidad de la sentencia que se había impuesto por la contratación de su empleada doméstica Jacqueline Simon Vicente como asesora de su despacho congresal.
Fuentes judiciales entregaron al diario Perú.21 el sorprendente dictamen de Peláez en el que solicita a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que dicte una nueva sentencia.
Canchaya fue condenada el 7 de octubre de 2009 por el delito de nombramiento ilegal, por el cual se le impuso una pena de destitución al cargo de congresista, inhabilitación por tres años para el ejercicio de la función pública, 120 días multa y el pago de una reparación civil de S/.30 mil.
La desaforada legisladora impugnó la sentencia y el expediente pasó a manos del fiscal Peláez, el mismo que en el caso similar de la aprista Tula Benites se había pronunciado a favor del archivamiento de la denuncia, hecho que mereció un comentario singular del presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, respecto de que algunos magistrados fallaban con el corazoncito.
Peláez, cuya familia está vinculada al Partido Aprista (su hermano es el legislador oficialista Eduardo Peláez), mantuvo el expediente más de tres meses y, a fines de enero, cuando el Poder Judicial se alistaba a salir de vacaciones, emitió su dictamen sobre el caso que –según fuentes judiciales– vence en abril.
El informe del fiscal considera que el referido fallo “no realiza una adecuada tipificación de los hechos, habiendo comprendido categorías jurídicas y términos lingüísticos, al equiparar infundadamente el verbo “nombrar’ (que constituye la acción típica del delito en cuestión) con el verbo “designar’”.
ARTILUGIO LEGAL. Al respecto, el parlamentario y ex magistrado Víctor Mayorga, quien presidió la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que aprobó el desafuero de Canchaya, sostuvo que el fiscal Peláez había recurrido a un “artilugio legal” con el que la procesada ganará tiempo mientras se acerca la prescripción.
Sin embargo, recordó que el dictamen del fiscal es una opinión dentro del proceso y que todo queda en manos de la Sala Especial Transitoria de la Corte Suprema. “El Poder Judicial está en proceso de recuperación de su imagen, con el liderazgo del doctor Villa Stein, y no creo que este tipo de artilugios prospere”, puntualizó.
Fuentes judiciales entregaron al diario Perú.21 el sorprendente dictamen de Peláez en el que solicita a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que dicte una nueva sentencia.
Canchaya fue condenada el 7 de octubre de 2009 por el delito de nombramiento ilegal, por el cual se le impuso una pena de destitución al cargo de congresista, inhabilitación por tres años para el ejercicio de la función pública, 120 días multa y el pago de una reparación civil de S/.30 mil.
La desaforada legisladora impugnó la sentencia y el expediente pasó a manos del fiscal Peláez, el mismo que en el caso similar de la aprista Tula Benites se había pronunciado a favor del archivamiento de la denuncia, hecho que mereció un comentario singular del presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, respecto de que algunos magistrados fallaban con el corazoncito.
Peláez, cuya familia está vinculada al Partido Aprista (su hermano es el legislador oficialista Eduardo Peláez), mantuvo el expediente más de tres meses y, a fines de enero, cuando el Poder Judicial se alistaba a salir de vacaciones, emitió su dictamen sobre el caso que –según fuentes judiciales– vence en abril.
El informe del fiscal considera que el referido fallo “no realiza una adecuada tipificación de los hechos, habiendo comprendido categorías jurídicas y términos lingüísticos, al equiparar infundadamente el verbo “nombrar’ (que constituye la acción típica del delito en cuestión) con el verbo “designar’”.
ARTILUGIO LEGAL. Al respecto, el parlamentario y ex magistrado Víctor Mayorga, quien presidió la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que aprobó el desafuero de Canchaya, sostuvo que el fiscal Peláez había recurrido a un “artilugio legal” con el que la procesada ganará tiempo mientras se acerca la prescripción.
Sin embargo, recordó que el dictamen del fiscal es una opinión dentro del proceso y que todo queda en manos de la Sala Especial Transitoria de la Corte Suprema. “El Poder Judicial está en proceso de recuperación de su imagen, con el liderazgo del doctor Villa Stein, y no creo que este tipo de artilugios prospere”, puntualizó.
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JAIME ESPEJO ARCE