La Policía en la era Cachiche

lGustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Christian Osés)

Seguridad de la gente, lucha contra el crimen: uno pensaría que se trata del tipo de problemas que se enfrenta con sentido común, mediante la aplicación de medidas más bien simples pero que requieren el tipo de acción diligente, coordinada y perseverante que define la artesanía política de un buen gobierno.

Pero, viendo lo que pasa, uno se pregunta qué diablos ha pasado con la capacidad de razonamiento básico al dictar políticas y ordenar medidas en el ámbito de la Policía y la seguridad ciudadana. ¿Por qué personas normalmente inteligentes desbarran de un error al siguiente mientras justifican sus antológicas metidas de pata con argumentos que ya solo provocan el compasivo pensamiento de que hay cargos que hacen daño?

Este gobierno, debo decirlo antes de proseguir, ha hecho muchas cosas bien. Por ellas merece la aprobación que tiene. Pero en otros aspectos, sobre todo en el ámbito de seguridad –y especialmente en las áreas por las que incide o merodea Adrián, ‘ácido’, Villafuerte–, los errores son tan constantes y marcados que ya no se explican como tales. Es ahí donde el gobierno se está abriendo flancos y desarrollando puntos débiles que podrán traerle serias consecuencias.

Permítanme dejar para el final lo más notorio de los últimos incidentes de crimen y torpeza para mencionar antes otros menos conocidos, que ayudan a explicarse el cuadro general.

Lo de las licencias de armas: para combatir el uso criminal de las armas de fuego, el gobierno tuvo la idea de reducir la vigencia de las licencias de cinco años a solo uno, y prohibir del todo las licencias para el calibre 9 mm. Luger, o Parabellum, incluso la renovación de quienes ya las tienen.

Atacar el uso criminal de las armas de fuego mediante el acoso a los dueños de armas con licencia es como intentar atacar el contrabando hostigando a los comercios formales. La inmensa mayoría de crímenes con arma de fuego se comete con armas ilegales. Algunas son las armas alquiladas por militares o policías corruptos y otras pertenecen simplemente al mercado negro de armamento.

"Atacar el uso criminal de las armas de fuego mediante el acoso a los dueños de armas con licencia es como atacar el contrabando hostigando a los comercios formales".

Prohibir el calibre 9 Parabellum es puro cretinismo regulatorio. Ese calibre que no es, ni mucho menos, el más potente o letal entre las armas de puño, tiene la ventaja, para los dueños de armas, de munición relativamente abundante, a mejor precio. Eso permite entrenar más, cosa que todo dueño responsable de armas debe hacer.

¿Qué porcentaje de pistolas de ese calibre figura en los casos de uso delictivo de armas? Muy bajo; ínfimo si se trata de armas con licencia vigente.

El problema que hay con las licencias de armas es el de aquellas que han sido indebidamente entregadas a delincuentes. Por ejemplo, las licencias extendidas a las mafias extorsionadoras en construcción civil. La solución radicaba en verificar en forma ágil y rápida los antecedentes de los solicitantes, lo cual, en un gobierno interconectado, está a la distancia de una pantalla. El régimen anterior avanzó en ese aspecto, mientras el actual se encargó de desmantelarlo.

Hay mucho que investigar y controlar en el uso ilegal de armamento y, sobre todo, de explosivos. De hecho, el castigo por la posesión ilegal de lo uno y lo otro, debería ser más severo. En cambio, reemplazar la acción investigativa y regulatoria de la Discamec por el procesamiento anual de multitudes de solicitud de renovación a través de trámites sin término, puede ser el sueño húmedo de burócratas, pero es una manera segura de fracasar en el control de armas y explosivos ilegales.

México es, por ejemplo, una nación severamente restrictiva en cuanto a otorgar permisos a armas de uso civil; pero tiene un gigantesco, letal y descontrolado mercado negro de todo tipo de armamento. ¿Se quiere eso aquí?

El Estado tiene no solo el derecho sino el deber de exigir conocimiento y habilidad en el manejo y seguridad de las armas de fuego a todos sus dueños o usuarios. Eso es regulación. Pero lo otro: el concepto de una burocracia papeluchera, arbitraria e irracional, no solo es inútil sino contraproducente. Si se mantiene, no va a solucionar nada y va a empeorar mucho.

Las rebuznantes medidas sobre las armas y explosivos de uso civil, no cantan solas. Hay un coro de acompañamiento de otras, como las siguientes:

• Hace pocos días, en un evento sobre seguridad ciudadana en IDL, un número de comisarios policiales (mayores y comandantes) fue distinguido por sus notables logros en Policía Comunitaria. El ministro Wilfredo Pedraza  estuvo en el acto. Al día siguiente, todos esos comisarios fueron sacados de sus puestos. Otra vez quedó claro que en la Policía de la era Cachiche no hay buena acción que quede sin castigo.

Así, el comandante Guillermo Bonilla, comisario de Ramón Castilla, en el Callao; el comandante Jhony Soriano, comisario de Túpac Amaru, en Comas; el mayor Edwin Méndez, comisario de Ciudad y Campo; el mayor Roy León, comisario de la Ensenada, en Puente Piedra, fueron removidos de sus comisarías y enviados a posiciones administrativas.

• Si la policía comunitaria es la forma más eficaz y menos traumática de prevenir y sofocar el delito en el nivel distrital, las unidades especializadas de la Policía son la mejor alternativa para enfrentar el crimen organizado y la subversión violenta. La especialización requiere, para rendir frutos, de una permanencia de años de los policías expertos en áreas específicas. Ese fue el caso, por ejemplo, de los que capturaron a ‘Artemio’. Pero, pese a que esos oficiales vivieron la mayor parte del tiempo en provincias, ello no les cuenta como tiempo de servicio ahí, puesto que su comando estaba en Lima. Entonces, si quieren ascender, deben dejar sus unidades para servir en una de provincias, como ha sucedido con muchos policías en unidades especializadas, desde las antiterroristas hasta la Policía Aérea. Con eso, se pierde continuidad y se corta la acumulación sistemática de experiencias.

• Es cierto que el Perú tiene índices más bajos de homicidio que la mayor parte de países de América Latina, pero hay una tendencia al empeoramiento, sobre todo en términos del crecimiento del crimen organizado.

En ese contexto, el efecto simbólico de lo que sucedió en la Notaría Paíno y alrededores, es devastador. Que los policías, especialmente los centinelas de dos de las direcciones más importantes de la Policía, vecinas muy cercanas de esa Notaría, hayan parecido estatuas del museo de cera de Madame Tussaud – inmóviles mientras se producía el tiroteo a pocos metros de donde estaban, catatónicos cuando huyeron los criminales–, significó para la gente que éstos pueden hacer lo que quieran, cuando les de la gana. El asesinato del fotógrafo Luis Choy agravó esta sensación.

Está claro que no todo el problema se explica por la gestión del general PNP Raúl Salazar al frente de la Policía. Antes ha habido directores generales mediocres y venales, (excepto dos y tres que sí fueron eficientes), que agravaron los problemas preexistentes de ineficacia y corrupción que tradicionalmente ha padecido la PNP.

El problema es que el comando de Salazar está inexorablemente vinculado con el caso de las Brujas de Cachiche, especialmente en el encubrimiento posterior. Todo indica que, pese a sucesivos fracasos, desde Kepashiato hasta La Parada, el gobierno lo ha mantenido en el cargo por esa razón.

En ese contexto, insistir sobre los cientos de millones de soles que se va a invertir en equipos mientras se permite la corrosión institucional, parece la actitud del nuevo rico que intenta compensar con plata su falta de sustancia y fundamento.

El Gobierno, es decir, el presidente Humala, puede todavía actuar y revertir la sensación y la realidad del deterioro en la seguridad interna. Pero el tiempo de actuar es ahora, y hacerlo es corregir