César San Martín: “Se necesita mucha prueba nueva para anular condena a Fujimori”

César San Martín. Ex presidente del Poder Judicial y director de debates de la sala que condenó a Alberto Fujimori por delito de lesa humanidad.

César Romero

“No estoy solo, ni soy manco y no les tengo miedo”, responde a los fujimoristas el juez supremo César San Martín. Sobre la campaña mediática en su contra, reconoce que hizo consultas técnicas a dos discípulos suyos –que estudiaban en España– sobre la acusación fiscal, no sobre la culpabilidad del acusado. Afirma además que en caso de una revisión se requerirá abundante prueba nueva para descartar las muchas pruebas que permitieron condenarlo por los casos La Cantuta y Barrios Altos.

Se ha desatado una nueva campaña en su contra. Pareciera que el juicio a Fujimori por violación de derechos humanos no termina. ¿Cuál es su visión de este tema?

Pretenden crear esa impresión a partir de un concepto, que en sociología se llama el negacionismo. Desde esa línea tratan de hacer ver que fue un juicio inexistente desde el momento en que, según ellos, no se actuó frente a un tribunal imparcial. Por consiguiente, la decisión que emergió debe ser anulada. Entonces, el núcleo de este psicosocial, ya conocido por nosotros desde los años ’90, es el desprestigio de los jueces, en especial de quien fue director de debates.

Se plantea una revisión de la condena, ¿eso es posible?

La cosa juzgada tiene una sola excepción, la revisión penal. Son dos los únicos motivos generales para conceder una revisión y anular una condena firme. Primero, cuando se incorpora pruebas que no estuvieron presentes en el momento en que los jueces deliberaron y votaron la causa. En segundo, lugar cuando se produce una condena amparada en una prueba falsa, ya sea porque los testigos eran perjuros o mentirosos, así declarados por sentencia firme, o porque algún documento resultó siendo falso o cuando los testigos han sido objeto de presiones o delitos en su contra para que digan una versión que no se corresponde con la verdad.

¿Entonces, no se requiere cualquier prueba nueva?

Lo fundamental es que sea de tal nivel, de tal fuerza, que analizada en contraste con la prueba ya incorporada permita concluir por la inocencia. Además, debe ser una prueba lícitamente obtenida, una prueba legal desde el punto de vista formal y, desde luego, constitucional.

En un juicio, como el de Fujimori, ¿qué prueba podía haberse quedado oculta por allí hasta hoy?

La vida es muy rica en sucesos que pueden presentarse de un modo tan extraordinario, que sería muy peligroso analizar un caso concreto. Tendría que ser no una, sino un conjunto de pruebas nuevas, que los documentos resulten ser falsos, que el grupo Colina nunca existió, que los muertos están viviendo.

¿La conducta de los jueces entra en las causales para una revisión?

No. Las causales que señala nuestro Código no van por ese lado.

¿Qué se busca entonces con esta campaña contra usted?

Quieren lograr, mediante mecanismos de presión pública, no solo desprestigiar al juez, sino además introducir en la conciencia colectiva que el fallo fue injusto, al considerar que puede ser prueba nueva la conducta judicial de los jueces antes o durante el juicio.

El nuevo abogado de Fujimori fue magistrado. Debería saber todo esto muy bien

Este abogado es muy confuso y de limitados recursos. Por un lado, dice esta sentencia se redactó antes del juicio, con apoyo de jueces o juristas españoles y, en segundo lugar, que se vulneró el principio de especialidad extradicional porque se condenó por un delito que no autorizó la Corte Suprema de Chile. Son hasta ahora los dos únicos argumentos que han introducido y que los tres jueces hemos puntualmente esclarecido y rechazado.

¿En qué circunstancias usted realizó las consultas con juristas españoles?

En abril y mayo del 2008, tuve intercambio epistolar electrónico, no con juristas españoles, sino con peruanos discípulos míos que estaban estudiando doctorado en la universidad de Alicante. Les pedí dos cosas: que analicen la acusación fiscal, desde el punto de vista del título de imputación, no si era responsable, y en segundo lugar que procuren que el departamento de derecho penal de esa universidad realice un seminario interno, a la vista de la acusación y la sentencia de la Corte de Chile, que hablan de la autoría mediata.

¿Pero, eso no generaría un adelanto de opinión?

No, era absolutamente dogmático. No pido responsabilidades. Se produjo un seminario, se debatió y los chicos me mandaron sus impresiones, no tuve yo diálogo directo con ninguno de los profesores. Eso fue antes de que comenzara el juicio. Un juez está autorizado a solicitar un debate sobre un posible cambio del título de imputación y eso fue lo que sucedió.

¿Para que el acusado también pueda defenderse?

Claro, eso está perfectamente previsto en el código, eso no es ningún problema. Fue una incorporación de datos y he pedido muchos y a muchos una serie de informaciones técnico jurídicas. Pero, ojo, aquí viene la primera desgracia de los acusadores. Esa parte de la sentencia y otras no fueron redactadas por mí, sino por Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo. Cuando fuimos objeto de ratificación por el Consejo Nacional de la Magistratura, en audiencia pública, debidamente grabada, los tres dijimos lo mismo. La sentencia fue dividida en títulos y capítulos y encargamos, cada parte y cada título, a cada vocal.

¿Entonces, la comunicación por correo electrónico con España se dio?

Reconozco que tuve correspondencia epistolar, pero rechazo la integridad de lo que se ha publicado; además, no es un correo electrónico, es un impreso. Cuando pretendieron frustrar mi camino a la presidencia del Poder Judicial yo dije no estoy en condiciones de afirmar o negar. Ahora que se da esta segunda ola, presenté una denuncia, porque primero se había ingresado a mi cuenta personal desde el servidor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En segundo lugar, noté que muchos párrafos estaban alterados.

¿Dice que hubo una adulteración de los correos?

Tenemos el acta de visualización de los correos donde se establece que es una empresa radicada en Estados Unidos la que está metida en este asunto. Han fotocopiado o escaneado el impreso que tenían antes y lo han colgado en la página  “ana_freitas_777”. Se establece que son documentos obtenidos vía fotocopia y que existen suficientes motivos para sostener que ha habido una adulteración de esos documentos. El parte policial determina que ese documento no es prueba válida.

Pero ¿sí sirve para una denuncia?

Como quiera que la interceptación de las comunicaciones es un delito, ese documento ilegalmente obtenido se convierte en el cuerpo de un delito. Y cuando la víctima lo pide y denuncia el hecho, actuarse diligencias, para determinar quién es el autor y sancionarlo como corresponde.

¿Quién hizo estos peritajes?

Los han hecho dentro de una denuncia, con participación de la fiscalía y en el órgano competente que es la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la DININCRI. Lo he hecho porque ya superaron los límites, al punto que en el Congreso formularon una denuncia falsa en mi contra. Felizmente, ya demostré que el domicilio era falso y que el supuesto denunciante vivía en las serranías de Arequipa y que los hechos no tenían ninguna razón, que se ha archivado.

El caso Almenara ya se había visto antes...

Son refritos que le quieren dar otra vueltita. Los correos ya se conocían, pero el abogado, que se cree un genio, quiere darle un sentido nuevo. Luego, pomposamente se va a Chile y le dan una patada, al darle las copias de las dos sentencias. Hasta ahora no han presentado una denuncia por los correos ante el Congreso, pero lo podrían hacer. Si quieren pelea, no me arredro, como buen chalaco, no me asusto tampoco. El caso Almenara incluyó una consulta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fue resuelto por la Sala Plena de la Corte Suprema, donde como presidente no voté.

¿Y cómo se encuentra el caso ante el Consejo Nacional de la Magistratura?

Tras la inhibición del consejero Pablo Talavera por una cuestión de decoro, no porque tenga que ver conmigo, sino porque su señora esposa, que es fiscal, participa en el juicio a Fujimori por los diarios chicha, se ha nombrado al reemplazante, que es el ingeniero Gonzalo García, que está en la Comisión, junto a Gastón Soto Vallenas y Luz Marina Guzmán. Allí está, listo para el dictamen, pero estoy tranquilo. Además, hay otra cosa que es muy importante, que no la voy a invocar por razones morales: la denuncia está caducada. La Ley dice que la denuncia debe ser presentada a los seis meses de ocurridos los hechos y, cuando es de oficio, cuatro años, que han pasado. Pero con estas pericias y este parte policial claramente determinó que aquí hay delito.

¿Dice que va a haber una tercera ola de ataques contra usted?

Nada puede mantenerse en secreto, como dice el dicho popular, secreto de más de dos no es secreto. Estos aún se creen que están en los años ‘90 y son los capos de los sicosociales, pero las cosas han cambiado y no se han dado cuenta de que no están luchando contra mí, sino contra todo un movimiento. Hay un libro que se publicó en enero del 2008, antes de los correos, sobre “Prueba Ilícita y Lucha contra la corrupción, el caso del allanamiento y secuestro de los vladivideos”, cuyo director es el doctor Ascencio Mellado, jefe del departamento de derecho procesal de la universidad de Alicante, y el coordinador fue José Ugaz Sánchez Moreno, a partir de lo cual quieren hacer ver que los pedidos que hice yo no eran una pura búsqueda de información, sino una búsqueda de argumentos para condenar. Están tratando de unir agua con aceite, para, como alquimistas que son, tratar de decir que esta es otra prueba de que busqué elementos fuera para que me redacten la sentencia.  

Pero el tribunal fue de tres magistrados, ¿en qué condición quedan los otros dos jueces?

Este fue un caso muy especial, el caso republicano más importante y el modelo de la justicia transicional en América Latina, hecho en democracia, no en la época nazi o en dictadura. Fue un juicio tan complejo, que requirió el apoyo de todos nosotros. Era una discusión diaria, teníamos papeles de trabajo, fotocopias, que llenaban un cuarto e intercambiábamos documentos, si hubieran hackeado eso, sería una cosa terrible.

¿Cómo se llega a establecer la calificación de lesa humanidad a los delitos cometidos por Fujimori?

La consideración de crímenes de lesa humanidad no fue una creación nuestra, ya estaba dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Barrios Altos, que permitió anular la amnistía. También por el TC en numerosas sentencias del grupo Colina. El 2012 cuando se produjo una polémica, luego que un sector de la Corte Suprema calificó que no era de lesa humanidad, el 7 de setiembre del 2012, la Corte IDH dictó una resolución donde ratifica que es una violación de derechos humanos y que al no hacerse así se vulneró el orden internacional. Que no digan que esto no es delito de lesa humanidad y que eso fue un agregado nuestro. La jurisprudencia en derecho internacional es muy clara e impone a los jueces, esté o no descrito en la jurisprudencia interna, a analizarlos y hacer un pronunciamiento, eso es lo que hicimos. El título de la condena no varió, a Fujimori se le condenó por tres delitos.

¿Pudieron recurrir a Chile cuando se discutió el recurso de nulidad de la condena?

La única autoridad o sujeto jurídico que puede reclamar que no hay congruencia entre lo sostenido en la sentencia de entrega y la sentencia que emitió la jurisdicción que requirió, es el que entrega: Chile, que no ha dicho nada.

¿Presentarán el recurso de revisión?

Hace meses lo han anunciado. Ahora dice que cuando culminen las vacaciones, veremos pues. Lo que pasa es que no tienen argumentos.

¿Quién verá la revisión?

Aún no está decidido qué Sala Suprema Penal verá este tema. Hay un error cuando se dice que como quiera que la Sala Penal Especial que dictó la sentencia emergió de la Sala Penal Permanente esta debe ser la que resuelve. Pero, olvidan que esa no es la sentencia que vale. Vale la ejecutoria suprema que la dictó la Sala Penal Transitoria y, entonces, se podría decir que ésta es la que tendría que pronunciarse sobre la revisión. Pero no es así. La revisión es un proceso autónomo, el sistema que siempre se ha seguido es el aleatorio, el pedido de revisión entrará a mesa de partes y allí con los procedimientos computarizados, y con veeduría de la OCMA, va a establecerse a cuál Sala Penal Suprema le corresponde resolver el pedido, si se presenta.

Si llega a la Sala Penal Transitoria que integran usted y los otros dos jueces que condenaron a Fujimori, ¿qué pasará?

Se iniciaría una recusación, lo mismo si va a la Sala Penal Permanente, recusarán al que tanto ha hablado del tema. También puede haber una inhibición, pero cada cosa en su día, no la van a tener fácil.

Trabajé con Vega Santa Gadea, no tengo de qué avergonzarme

¿Estas denuncias perturban su labor jurisdiccional?

Desde luego, porque tienes que dedicar tiempo y esfuerzos en defenderte. Pero esto ha reavivado mi lógica abogadil. Yo ejercí la defensa durante 12 años. He hecho calle en los tribunales. Soy abogado y estaré permanente en mi caso. Manco no soy, cobarde menos, solo no estoy. Así que estamos en equilibrio, yo diría que estamos más fuertes que ellos. Firmes contra esta campaña miserable de quienes no tienen argumentos jurídicos y lo único que hacen es sicosociales para manchar honras, destruir a las personas. Por eso, les dijo, no les tenemos ningún miedo.

Usted estuvo fuera de la magistratura, ¿se arrepiente de haber regresado a trabajar como juez?

Regresé por concurso, no por acciones de amparo, por concurso. La vocación es la vocación, quien se metió a bombero, que las llamas lo busquen. Todo este asunto me fastidia por supuesto, pero estoy en lo mío. No me arrepiento de ser juez. El paréntesis fue como abogado y me demostré a mí mismo que en el ejercicio profesional puedo estar muy bien, fui un abogado de éxito, no soy juez por temor a desempeñarme como abogado. Pero ganó mi vocación. Claro, tampoco pensé que tendría a cargo este juicio a Fujimori y lo mucho que me iban a querer estos señores, pero así es la vida y hay que continuar.

Cuando sale de la magistratura el año ‘92, usted trabajó con el ministro fujimorista Fernando  Vega Santa Gadea. ¿Es un fujimorista encubierto?

Las cosas son claras, creo que muchos pensaron: como ha trabajado allí, este es un fujimorista y nos va a dar la razón y por eso no me recusaron. Una estupidez. Yo trabajé una línea profesional, en la Gerencia Técnica de Naciones Unidas, para trabajar temas que tenían que ver con perfilar un sistema penal más acorde con el sistema de derechos humanos. Siempre mantuve mi independencia, siempre decía lo que tenía que decir y hacía lo que debía hacer y acabé abruptamente al cabo de 9 meses, por un conflicto de discrepancias y actuaciones. ¿Me equivoqué o no al estar allí? No sé, pero gané mucha experiencia y nunca lo he ocultado, no tengo de qué avergonzarme.