Dos días antes de dar sus descargos en la Comisión de Ética, el legislador Michael Urtecho hizo un último intento por mantener el respaldo de la dirigencia de Solidaridad Nacional. En una reunión, celebrada en la casa del ex alcalde Luis Castañeda Lossio, el ex vicepresidente del Congreso se defendió de las acusaciones que pesan sobre él, pero no obtuvo el resultado que deseaba. Dentro su partido y bancada surgieron los cuestionamientos que terminaron con su pedido de licencia “al no tener otra opción”. A continuación lo que sucedió en el conclave solidario y lo que se viene en el caso.
TENSIÓN EN SOLIDARIDAD
A pesar de que el vocero solidario, Gustavo Rondón, se ha esforzado por decir que la delicada situación de Urtecho no ha afectado a su partido, la realidad es otra: existe preocupación y dudas en Solidaridad Nacional. Una muestra de ello es la reunión que se llevó a cabo el último sábado en la casa del ex alcalde Castañeda Lossio, en el distrito de Surco. Durante cinco horas, el ex vicepresidente del Parlamento brindó sus descargos ante la dirigencia y sus colegas de bancada sobre las acusaciones en su contra por el presunto recorte de sueldo a cuatro de sus trabajadores y supuesto enriquecimiento ilícito.
La defensa de Urtecho, según contó el legislador Heriberto Benítez, básicamente fue la misma que presentó el lunes en la Comisión de Ética, es decir, documentos oficiales del Congreso de la República. “Evidentemente, estos recibos, que están firmados por los ex trabajadores, no revelan nada. Es ilógico pensar que en estos papeles se diga que los ex asesores cobraron una parte y que la esposa (Claudia Gonzales) se quedó con la otra”, manifestó.
Benítez y otros congresistas de SN, cuyos nombres mantuvo en reserva, tienen serias dudas sobre los descargos de Urtecho en dos puntos: 1. Su versión sobre el recorte de sueldo a sus asesores y 2. Los excesivos gastos de representación . Incluso, el ex miembro del Frente Independiente Moralizador, sugirió que se deben revisar las boletas y facturas que presentó el ex vicepresidente del Legislativo para justificar sus gastos de alimentación.
En el conclave solidario, Urtecho también acusó a su colega de bancada Virgilio Acuña, quien estuvo el fin de semana en Chiclayo, de estar detrás de un complot para retirarlo del Parlamento. Para los miembros de Solidaridad Nacional esta afirmación es “descabellada”, porque para desaforar al cuestionado legislador se deben cumplir una serie de pasos (pedido de levantamiento de inmunidad, investigación y acusación fiscal y sentencia judicial) que involucran a otros poderes del Estado.
Luego de escuchar a Urtecho, Castañeda Lossio le hizo un par de preguntas y después se limitó a decir que su caso debe seguir el proceso correspondiente en la Comisión de Ética y en la Fiscalía de la Nación.“Ante ello y sabiendo que no se iba a emitir un comunicado respaldándolo, decide solicitar su licencia, lo que finalmente se aprobó el lunes”, acotó Benítez.
INFORME EN “UN PAR DE SEMANAS”
Por su parte, el presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, Humberto Lay, sostuvo que la defensa del cuestionado legislador y el testimonio de cuatro de sus ex empleados serán contrastados y analizados a profundidad. “Se verificará sus argumentos con datos concretos y con las personas correspondientes. Todo será evaluado y a sus declaraciones se les dará el peso que corresponde”, añadió en diálogo con este Diario.
El pastor evangélico detalló que su grupo legislativo ya solicitó al Banco de Crédito los videos de las cámaras de seguridad, a fin de definir si fue la esposa de Urtecho, Claudia Gonzales, la que realizó retiros o no de las cuentas de los denunciantes. “Ya se pidió las imágenes de las cámaras de seguridad, pero no tenemos la certeza de que el banco nos entregue los videos por el secreto bancario y, además, como ha transcurrido bastante tiempo puede que ya no tengan esa información”, refirió.
Lay agregó que existe una posibilidad de citar a Gonzales a la comisión y estimó que en un par de semanas estaría listo el informe del caso.
EL DATO
En paralelo a la investigación en Ética, la Fiscalía de la Nación indaga si el solidario incurrió o no en el presunto delito de enriquecimiento ilícito. En esa línea, hace unos días, el despacho de José Antonio Peláez Bardales solicitó el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria de Urtecho y de su esposa. Además, le pidió a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) información financiera de ambos a las centrales de riesgo.
También requirió acceder a los reportes migratorios del legislador de Solidaridad Nacional y de Gonzales.
En su resolución fiscal, Peláez indicó que la medida fue adoptada porque existen “elementos razonables para suponer que existe un desbalance patrimonial debido a la adquisición de un edificio valorizado en 1’432.000 soles, en Trujillo”.
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JAIME ESPEJO ARCE