Enfrentar a la corrupción

Existe una creciente conciencia sobre cómo la corrupción mina la democracia, no solo en el plano económico sino como fuente de destrucción de las instituciones y de pérdida de fe en la justicia. Según la última encuesta de GfK, un 57% de los peruanos declara sentirse decepcionado por la situación legal de los últimos tres ex presidentes: Alberto Fujimori en la cárcel por corrupción y delitos de lesa humanidad, y Alejandro Toledo y Alan García enfrentando serias denuncias por corrupción. Es igualmente elocuente que las reacciones más extendidas entre los ciudadanos sean vergüenza, rechazo y enfado.

Tan grave como la corrupción es la trama de complicidades que permite la impunidad, y la ausencia de medidas de control para frenar esta plaga. Existen mecanismos que los corruptos pueden utilizar –y utilizan– para burlar la justicia, en muchos casos contando con la complicidad de funcionarios del Poder Judicial. En una entrevista realizada por Rosa María Palacios al procurador anticorrupción Julio Arbizú, publicada en estas páginas, este expone claramente este panorama. Los corruptos que han fugado al extranjero recurren en unos casos a aprovechar que algunos países no extraditan a sus nacionales; recurren entonces a la maniobra de hacerse nacionales de los países donde están refugiados. Es el caso de las hermanas de Alberto Fujimori y su cuñado Víctor Aritomi, refugiados en el Japón.

Corruptos radicados en Chile han aprovechado la figura legal de la imposibilidad de la existencia de la doble incriminación: el delito de peculado en Chile considera a los funcionarios del estado pero no alcanza a los particulares, como sí sucede en el Perú, y esta diferencia entre la legislación de ambos países los salva de la extradición.

El medio más socorrido para lograr la impunidad es conseguir la prescripción de los delitos por los cuales los corruptos están acusados. Es la estrategia que siguió Alan García, con la ayuda de Vladimiro Montesinos, para no responder por los delitos cometidos durante su primer gobierno de los que se le acusaba (http://bit.ly/15GdKkd).

Aparte de que la prescripción salva a los corruptos de pagar por los delitos que han cometido, esta tiene el efecto pernicioso adicional de “blanquear”  la plata mal habida. De esta manera, pueden retornar y utilizar ese dinero como si fuera procedente de una fuente legítima, con todos los efectos disolventes que este hecho tiene para la sociedad.

El procurador Arbizú señala que existe un mecanismo para impedir que los corruptos se acojan a la prescripción y es demandar a las salas encargadas de su juzgamiento para que, en el caso de ser contumaces, se les suspenda el plazo de prescripción. El pequeño detalle es que hay que pedirlo y si los encargados de hacerlo no lo hacen, sea por negligencia o por arreglos corruptos, los plazos corren y los corruptos pueden acogerse a la prescripción. Adicionalmente, la declaración de contumacia tiene que ser renovada periódicamente, y si esto no se cumple los corruptos tienen, otra vez, la oportunidad de salvarse: buenas oportunidades para mover los contactos corruptos en el Poder Judicial.

Arbizú señala que una de las primeras cosas que hizo al hacerse cargo de la procuraduría anticorrupción fue actualizar los pedidos en torno a estas cuestiones clave. Se entiende pues por qué los parlamentarios apristas y fujimoristas están tan interesados en destituirlo; lo ideal sería contar con funcionarios que miren hacia otra parte mientras los plazos corren.

Arbizú subraya la necesidad de impulsar el debate sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Esto es fundamental. Nada justifica que el robo del dinero de todos los peruanos merezca el perdón, borrón y cuenta nueva, para que los corruptos vuelvan al país a disfrutar impunemente del botín mal habido, o a ocupar altos cargos políticos, como ya ha sucedido. No hay nada que esperar del parlamento sobre este tema, tan penetrado como está por los representantes de la corrupción, y por corruptos como los que se descubren frecuentemente. Solo la movilización ciudadana podría liquidar esta fuente de desmoralización que impide construir una democracia verdaderamente sólida. Es necesario hacer campaña por la limpieza de nuestras instituciones. - Nelson Manrique Gálvez