César Zumaeta reincorporó a su hermano y cuñada al Congreso

Un regalo de Navidad para el hermano y la cuñada. Detrás de la decisión del presidente del Congreso, César Zumaeta Flores, de asegurar la reincorporación de los extrabajadores de este poder del Estado que fueron cesados en 1992 –en su mayoría militantes apristas– existe un asunto familiar: entre los favorecidos se encuentra su hermano Iván Zumaeta Flores y la esposa de este, Rosa Luz Arévalo Torres, quienes ya trabajan en el Legislativo.

Perú.21 accedió a la relación de los 257 extrabajadores favorecidos en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 26 de noviembre de 2006, a los que se han sumado otros 200 cesados que no habían acudido a dicha instancia y que consideran que tienen el mismo derecho, que también habían sido nombrados ‘a dedo’ por legisladores del Apra, que tenían mayoría en el período 85-90.

Una revisión de los antecedentes nos permite tener una idea clara de lo que sucedió. Fuentes legislativas nos informaron que cuando estaba por finalizar el primer gobierno aprista, en el Congreso, como en todo el aparato estatal, se dispuso una política de nombramientos de ‘compañeros’ ‘a dedo’, sin concurso público. Entre ellos se encontraba Iván Zumaeta, quien prestaba servicios en la entonces Cámara de Diputados, donde su hermano César era uno de los representantes.

Muchos de esos trabajadores eran de confianza de los senadores y diputados apristas y, por lo tanto, sus contratos debieron culminar con el período parlamentario. El nombramiento les permitió quedarse e inflar la planilla de manera excesiva.

Precisamente, uno de los argumentos de Alberto Fujimori para justificar el golpe del 5 de abril de 1992 fue “el Estado elefantiásico”, que ya había sido cuestionado también por Mario Vargas Llosa en 1990.

NO DICE REPOSICIÓN. La decisión del presidente del Congreso llama la atención porque en ninguna parte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ordena al Congreso una reposición de los extrabajadores.

La resolución dice que el Estado debe garantizar a las “víctimas” el acceso a un recurso sencillo, rápido y eficaz, a través de un órgano independiente e imparcial con facultades para decidir en forma vinculante y definitiva si esas personas fueron cesadas regular y justificadamente” y merecen la compensación.

Los comités que se formaron al amparo del fallo para evaluar la situación de los extrabajadores carecieron de la imparcialidad que dispuso el fallo. El último, que emitió el informe que sustenta la decisión de Zumaeta, estuvo integrado por dos representante de los exservidores, dos del Estado –uno de ellos el asesor del titular del Parlamento– y el exdiputado aprista Carlos Blancas.

Cabe informar que ninguno de los anteriores presidentes apristas del actual Legislativo había atendido este fallo. El Ejecutivo había observado que no había presupuesto ni plazas. Perú.21 buscó el descargo de Zumaeta, pero no hubo respuesta. Un vocero suyo argumentó que las aclaraciones debe hacerlas el comité evaluador.