viernes, 3 de diciembre de 2010

Candidato en problemas. Salen pruebas sobre irregularidades en caso COMUNICORE


La gestión de Luis Castañeda se hace llamar “solidaria”. Pero ahora tendremos que empezar a considerarla más bien como “generosa”. Porque, en buena cuenta, así actuó con la fantasmal empresa Comunicore, a la que, sospechosamente, le pagó una millonaria deuda en tiempo récord y ahora se descubre que, además, le dieron unos millones de más.

El diario Perú.21 ha encontrado un documento de reciente data que revela una gran sorpresa y echa más sombras sobre esta millonaria operación. En enero de 2006, la Municipalidad de Lima, que siempre adujo que le había ahorrado dinero a la capital por pagarle a Comunicore en tres días y no en diez años, le habría pagado a esta empresa más dinero de lo debido, nada menos que S/.4.8 millones.

Es decir, que el monto que le pagó la gestión de Luis Castañeda a Comunicore debió ser, realmente, S/.31.1 millones, y no los S/.35.9 millones que al final le entregó.

El documento que sustenta esta afirmación, y que Perú.21 presenta ahora, es el Memorándum Nº 2010-07-712-MML/GF, del 21 de julio último, de la Gerencia de Finanzas de la comuna. Allí, dicha oficina de alto nivel, dirigiéndose a las Subgerencias de Tesorería y de Contabilidad, da cuenta del pago en exceso.

“(Hago de su conocimiento un hallazgo de la Contraloría) con carácter confidencial (de) pagos en exceso por la ejecución del laudo arbitral a Relima –propietaria original de la deuda, antes de transferírsela a Comunicore– por el importe de S/.4’803,328.57, por diferencias identificadas en el proceso de conciliación de deuda entre la Municipalidad y Relima”, decía la gerente de Finanzas. ¿Qué había pasado?


QUÉ PASÓ. Como se recuerda, entre octubre y noviembre de 2005, el municipio y Relima negociaron y acordaron el monto y la forma de pago de la deuda: S/.35.9 millones, fraccionado en diez años. Pero el 20 de diciembre de 2005 cambió todo el esquema cuando Relima le cede los derechos de su deuda a Comunicore.

El entonces gerente de Finanzas y hombre de suma confianza de Castañeda, Juan Blest, recibió las facturas que sumaban S/.35.9 millones, ya en poder de Comunicore, que no tuvo que esperar diez años para cobrar, sino solo tres días.

Pero Blest actuó tan diligentemente que no se dio cuenta, o no quiso hacerlo, de que Comunicore había adjuntado facturas ya anuladas tiempo atrás, y notas de crédito ya pagadas anteriormente. Por eso, las cifras se inflaron en varios millones más.


¿EFICIENCIA? La municipalidad, en su defensa, señala que no son S/.4.8 millones los que pagó en exceso, sino “solo” 2 millones. Cualquiera sea el monto real, la comuna está reconociendo el excesivo pago.

Este reconocimiento también pone en evidencia algunas cosas: el apresuramiento de los altos gerentes de Castañeda para pagarle a Comunicore; la improvisación, cosa que se condice con la monserga de que en el municipio hay “excelentes gerentes y técnicos”; y la falta de verificación de las facturas, precisamente, por actuar con sospechosa diligencia. ¿Se trata de un “error” o de “generosidad”?

¿RELIMA CÓMPLICE? El otro tema sospechoso es que, cuando se supo de este exceso, raudos, los gerentes ediles le pidieron a Relima que devuelva S/.2 millones, y así lo hizo a mediados de noviembre pasado. ¿Por qué pagó Relima y no Comunicore? ¿No había sido víctima de estafa por su exgerente y operador de Comunicore, Miguel Garro? ¿O Relima es cómplice en todo este tramado?

Recordemos que solo después del destape de Perú.21, Relima denunció a su exgerente Garro. Antes, ello no hubiera sido posible. Por cierto, los gerentes de la transnacional tampoco respondieron los requerimientos de Perú.21. En cuanto al municipio, resulta inverosímil que una entidad que siempre se presenta como “eficiente” y “técnica” haya pagado de más a una empresa como Comunicore.

Ahora ya se sabe que la gestión de Castañeda no solo no le ahorró dinero al municipio, sino que, encima, le generó más gastos. Si fueron S/.4.8 millones o “solo” 2 millones, eso lo van a determinar la Contraloría y el Ministerio Público.