TRABAJADORES REINCORPORADOS YA HABIAN COBRADO INCENTIVOS

Un proceso poco transparente. El 80% de los más de mil 300 trabajadores reincorporados en la tercera lista de ceses colectivos, en este gobierno, había cobrado incentivos para renunciar, según reveló Manuel Cortez Fernández, representante de la CGTP en la comisión ejecutiva evaluadora y beneficiario, con su reubicación laboral, en el Banco de la Nación.

De acuerdo a la información proporcionada por el propio Ministerio de Trabajo sobre el número de personas que se acogieron a los alcances de la Ley 27803 – compensación económica, jubilación anticipada o reincorporación – se verificó situaciones que fueron corroboradas por Cortez y que ameritan, al menos, una investigación.

El dirigente sindical, quien alegó que las reincorporaciones se ajustaron a ley, fue uno de los miembros de la comisión ejecutiva que evaluó qué trabajadores, de los que renunciaron con incentivos, podían acceder a los beneficios de la Ley 27803.

Cortez manifestó que la comisión determinó que las renuncias con incentivos fueron producto de la coacción. Cuando se le preguntó cómo se demuestra la coacción, respondió que en los programas de incentivos de las empresas durante el régimen de Fujimori se advertía que los casos de aquellos trabajadores que no se acogían pasarían al Ministerio de Trabajo y perderían toda capacidad de acceder a estos beneficios. Sin embargo, no mencionó qué norma legal o documento contenía esa advertencia.

También indicó que, como representante de los trabajadores, tanto él como Elías Grijalva (Central de Trabajadores del Perú-CTP) y José Jesús Guerrero Flores (Central Unitaria de Trabajadores-CUT) integraron la primera comisión ejecutiva. Por cierto, los tres accedieron a la reincorporación, según lo admitió el propio dirigente.

El tema no queda ahí. Se tuvo acceso a una copia de la novena sesión de la comisión ejecutiva evaluadora – sesión del 5 de febrero del año 2005 – que identifica como miembros de este equipo a Cortez, a Eduardo García Cruz (representante de la CUT) y a Jorge Ferradas Núñez, representante del entonces primer ministro Jorge del Castillo, entre otros.

Lo sorprendente del caso es que los mencionados personajes, conjuntamente con Grijalva, aparecieron en la lista de reubicados publicada en diciembre de 2008. Es decir, ellos mismos se evaluaron y decidieron su reincorporación.

VARIAS MODIFICACIONES. En los últimos años, el tema de los ceses colectivos ha sufrido varias modificaciones legales que terminaron por distorsionar su origen y facilitaron que no se haya tenido el cuidado de separar de las listas a quienes cobraron incentivos.

La Ley 27452, promulgada por el ex presidente Valentín Paniagua el 21 de mayo de 2001, ordenó a la comisión revisora de esos casos que determinara “si los trabajadores incluidos cobraron sus beneficios sociales y si han recibido el pago de los incentivos previstos”.

Las posteriores leyes: 27803, 28299 y 29059, así como los decretos y resoluciones que las complementaban –la primera data del gobierno de Alejandro Toledo, y las restantes, del gobierno aprista–, modifican el fondo de la norma original al omitir la figura de los incentivos y, luego, señalar que estos, si hubo coacción, no eran impedimento para que el ex trabajador fuera beneficiado.

Las modificaciones legales postergaron las reincorporaciones, las mismas que recién pudieron hacerse efectivas, en su gran mayoría, en el actual gobierno de Alan García.

EN EL CONGRESO PIDEN REVISIÓN. Al comentar esta nueva denuncia, el congresista del Partido Nacionalista Isaac Mekler pidió que las listas sean revisadas y que se anulen las reincorporaciones de los que cobraron incentivos. Añadió que, en las relaciones de beneficiarios, no es raro observar a dirigentes sindicales y a militantes del Partido Aprista Peruano.(Fuente: Peru 21)