PETROTECH: UN CONTRATO QUE LE COSTO CARO AL ESTADO

La comisión parlamentaria que investigó la venta de las acciones de Petro Tech a un consorcio colombo coreano, recomendó la renegociación del contrato firmado a principios de los noventa para la exploración y explotación del lote petrolero Z 2B, por presuntas irregularidades encontradas.

El informe final de la referida comisión también determinó que el perjuicio económico generado al Estado por dicha empresa asciende a la fecha a 480 millones de dólares.

Johny Peralta, presidente de ese grupo investigador, dijo que se planteó a la SUNAT y a los organismos judiciales que inicien las investigaciones dirigidas a denunciar a los funcionarios Willian Calvo, Alberto Varillas y Rosy Gadea por defraudación tributaria y corrupción, por presuntamente haber favorecido a dicha firma.

Asimismo, que se remita todo lo actuado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, a fin de determinar si procede el juicio político y la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por diez años, para los ex ministros Jaime Quijandría, Jorge Chamot y Carlos Herrera Descalzi, presuntamente comprometidos en el tema.

Peralta precisó que a lo largo de las pesquisas se encontraron una serie de elementos que establecerían que Petro Tech habría financiado en el 2008 el pago de pasajes de avión a la ciudad de Piura de Giselle Giannotti y Martín Alberto Fernández Virhuez, quienes están comprometidos en el caso de las interceptaciones telefónicas.

De igual manera, que algunos funcionarios y trabajadores tanto de Perupetro como de Petroperú, recibieron pasajes aéreos y viáticos de la referida empresa.

Peralta explicó que las supuestas irregularidades referidas a Petro Tech se generaron desde inicios de los 90 cuando se estableció el contrato de servicios que se firmó entre el Estado peruano y la misma, para la exploración y explotación del mencionado lote, que se encuentra ubicado en el zócalo continental frente a Talara.

Añadió que, en ese entonces, se encontró responsabilidad en algunos funcionarios de Petroperú que no aplicaron los mecanismos de control necesario para garantizar los intereses del país.

Sostuvo que también se ha certificado que la referida firma se dedica al procesamiento de gas a través de otra empresa (Procesadora de Gas Pariñas), violando una serie de normas y sin pagar los debidos impuestos.

Perjuicio para el Estado

Peralta indicó que la mala administración del contrato, traducida básicamente en la falta de mantenimiento de las plataformas petroleras que opera la empresa, le ocasionó al país una pérdida de siete millones de dólares.

Agregó que Petroperú ha estimado que Petro Tech adeuda 66 millones de dólares por el no pago de una compensación; y la SUNAT ha realizado reparos a dicha empresa por un uso indebido del IGV como crédito fiscal, por 78 millones de dólares.