Pero, la máxima expresión de la corrupción en nuestro país, se expresó –en la década pasada- en el funcionario que encarna el más alto rango del país; aquel que personifica a la Nación, el Nº 1; el Presidente de la República.
Gracias a la frondosa colección de vladivideos y vladiaudios, es que por primera vez el ciudadano común y corriente pudo apreciar cómo la corrupción en la función pública puede alcanzar los más altos niveles en la política, incluido al Presidente de la República.
Descubierta la red de corrupción (en la que estaban implicados casi todo un régimen: llámese Ministros de Estado, Vocales Supremos, el Comandante General del Ejercito, la Fiscal de la Nación, el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, etc.) gracias a un video que por descuido fue sustraído de la videoteca de Montesinos, es que el país entero pudo verificar que un Presidente de la República también puede estar incurso en actos de corrupción.
Evidentemente, en su momento, acusar al Presidente de la República y su entorno de corrupción era casi un imposible, una injuria, un insulto de la más alta expresión.
No sólo por que los medios de comunicación que estaban en su mayoría comprados con los recursos públicos para informar (léase desinformar) sólo dS dedicaban a adular y ser sumamente complaciente con el gobierno, y por lo tanto no les interesaba el tema de denunciar a la corrupción, sino porque inmediatamente, las hordas fujimoristas, compuestas por Vocales Supremos, Fiscales, Jefes Policiales, Congresistas de la República (recuerdan a los más vehementes: Martha Chávez, Gilberto Siura, Torres Lara, Trelles, etc.,) acababan inmediatamente con el atrevido.
Hoy, a la luz de los hechos (descubiertos casualmente) y transcurridos unos años podemos afirmar que la corrupción está enquistada desde muchos años atrás -cual garrapata o sanguijuela- en todas las esferas de nuestra sociedad, principalmente en las políticas, por ende, en la Administración Pública. La diferencia de otros regímenes con el de Fujimori, es que nunca antes a nadie se le había ocurrido filmarse mientras delinquían, y por lo tanto, la impunidad se ha impuesto, dejando a salvo no solo el pellejo de éstos, sino su honorabilidad y prestigio de hombres decentes.
Otros casos.
Contrabando: Retrocedamos a Abril de 1980. La Revista Equis X denunció al Ministro del Interior Gral. EP Fernando Velit Sabatini de encubrir un grave caso de contrabando cometido por el ex director de una dependencia de ese ministerio. En ese caso, lo único que pasó es que se tuvo que ir el Ministro por el escándalo. Nada más.
El caso VOLLMER, en la época en el que Ismael Benavides era el Gerente General de COFIDE. Era el año 1981 y el Presidente de dicha institución, Tulio De Andrea, acababa de renunciar, con la finalidad de hacer notar su molestia por las decisiones tomadas por su subordinado, en complicidad con el presidente del Consejo de Ministros Manuel Ulloa, para vender el Complejo Agrícola, Químico y Papelero de Paramonga a una empresa venezolana a la que Benavides había estado ligado antes de iniciarse en la administración pública con el segundo gobierno de Belaúnde. El caso Vollmer nunca fue sancionado.
Caso BALLAGUER: debido a un informe de la Contraloría General de la República, se destituyó al Gral. Juan Balaguer quien se desempeñaba como Director Superior de la Guardia Civil.
Fue un valiente suboficial llamado Óscar Pedraza Sierra quien en ese entonces era cabo de la Guardia Civil que acusó de corrupto al Director de su Institución, el general Juan Balaguer Morales, y a otros altos mandos. El Gral. Ballaguer había depositado en la banca privada 6 mil millones de soles (de los antiguos) destinados a la lucha antisubversiva para ganar intereses. Increíblemente Balaguer solo fue invitado al retiro, a Pedraza lo metieron preso.
CORRUPCION Y SUS COSTOS
De acuerdo al estudio presentado por el profesor Alfonso Quiroz, de la City University of New York, publicado en su libro “Corrupt Circles: A History of Unbound Graft in Peru en el Woodrow Wilson Center” , se establece que entre 1680 y 1810, el cohecho y otros delitos económicos equivalieron en promedio a más del 4% del PBI cada año. Entre la década de 1820 –cuando el Perú obtuvo (le obtuvieron) su independencia– y comienzos del siglo 21 el promedio anual fue levemente inferior a esa cifra. En el siglo 20, las peores décadas fueron la de 1920, la de 1970 y la de 1990.
Bajo Alberto Fujimori, la corrupción equivalió al 50% presupuesto del Estado y al 4.5% del PBI cada año. El autor calcula que los sobornos le han costado al Perú la mitad de sus posibilidades de desarrollo.