Alberto Químper habla en proceso por el caso BTR

Será interrogado sobre la participación del exmandatario Alan García y de sus ministros en actos de corrupción relacionados con la ilícita concesión de lotes petroleros y la construcción de cárceles y hospitales en el 2008.

El procesado por el caso “Petroaudios” Alberto Químper debe presentarse hoy al juicio oral del caso referido a la interceptación de las comunicaciones presuntamente realizadas por la empresa Business Track (BTR) para ser interrogado sobre la participación del exmandatario Alan García y de sus ministros en actos de corrupción relacionados con la ilícita concesión de lotes petroleros y la construcción de cárceles y hospitales en el 2008, asimismo para reconocer la interceptación de sus comunicaciones.

“Espérate cuando sea mi turno”, dijo Químper a LA PRIMERA el pasado viernes mientras su coprocesado Rómulo León era interrogado por el colegiado A de la Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel, dando a entender que no se guardaría nada acerca de lo que sabe de los faenones de García y sus ministros Del Castillo y Garrido Lecca, según afirma. A Químper le reprogramaron su participación para hoy, a partir de las 9:30 de la mañana.

Este diario ha publicado graves declaraciones de Químper en el sentido de que García conocía perfectamente acerca de los faenones emprendidos con el empresario dominicano Fortunato Canaán que llegó al país para invertir en la construcción de cárceles y hospitales, por lo que inclusive enviaba de una manera informal a sus propios ministros para facilitar los oscuros negociados.

DE GRADO O FUERZA Por su parte, Edward Sánchez, abogado del gerente general de Business TrackBTR), Manuel Elías Ponce Feijóo, aseveró que el exmandatario García será llamado a declarar como testigo de grado o fuerza en el juicio oral si se rehúsa hacerlo por voluntad propia, a pesar que ha desistido a ser considerado parte civil agraviada en este proceso.

“La defensa de Ponce Feijóo tiene todo el derecho de solicitar la presencia del expresidente Alan García a prestar su manifestación. Y si no asiste a LA PRIMERA, lo citaremos de grado o fuerza. Nosotros consideramos fundamental su participación porque asumimos que él tuvo directa participación en todo este proceso debido a las irregularidades que se forjaron desde el Ejecutivo en la etapa previa al juicio oral, más ahora, si se tiene en cuenta las últimas declaraciones de Alberto Químper y Rómulo León que lo incriminan directamente en este proceso”, dijo Sánchez.

Estados Unidos en decadencia

 

Escribe: Noam Chomsky

Es un tema común que Estados Unidos, que apenas hace unos años era visto como un coloso que recorrería el mundo con un poder sin paralelo y un atractivo sin igual (...) está en decadencia, enfrentado fatalmente a la perspectiva de su deterioro definitivo, señala Giacomo Chiozza en el número actual de Political Science Quarterly.

La creencia en este tema, efectivamente, está muy difundida. Y con cierta razón, si bien habría que hacer cierto número de precisiones. Para empezar, la decadencia ha sido constante desde el punto culminante del poderío de Estados Unidos, luego de la Segunda Guerra Mundial, y el notable triunfalismo de los años 90, después de la guerra del Golfo, fue básicamente un autoengaño.

Otro tema común, al menos entre quienes no se ciegan deliberadamente, es que la decadencia de Estados Unidos, en gran medida, es autoinfligida. La ópera bufa que vimos este verano en Washington, que disgustó al país y dejó perplejo al mundo, podría no tener parangón en los anales de la democracia parlamentaria.

El espectáculo incluso está llegando a asustar a los patrocinadores de esta parodia. Ahora, al poder corporativo le preocupa que los extremistas que ayudó a poner en el Congreso de hecho derriben el edificio del que dependen su propia riqueza y sus privilegios, el poderoso estado-niñera que atiende a sus intereses.

La supremacía del poder corporativo sobre la política y la sociedad –por lo pronto básicamente financiera– ha llegado al grado de que las dos formaciones políticas, que en esta etapa apenas se parecen a los partidos tradicionales, están mucho más a la derecha de la población en los principales temas a debate.

Para el pueblo, la principal preocupación interna es el desempleo. En las circunstancias actuales, esta crisis sólo puede remontarse mediante un significativo estímulo del gobierno, mucho más allá del más reciente, que apenas hizo coincidir el deterioro en el gasto estatal y local, aunque esa iniciativa tan limitada probablemente haya salvado millones de empleos.

Pero para las instituciones financieras la principal preocupación es el déficit. Por lo tanto, sólo está en discusión el déficit. Una gran mayoría de la población está a favor de abordar el déficit gravando a los muy ricos (72 por ciento, con 27 por ciento en contra), según precisa una encuesta de The Washington Post y ABC News. Recortar los programas de atención médica cuenta con la oposición de una abrumadora mayoría (69 por ciento Medicaid, 78 por ciento Medicare). El resultado probable, por lo tanto, es lo opuesto.

El Programa sobre Actitudes de Política Internacional (PIPA) investigó cómo eliminaría el déficit la gente. Steven Kull, director de PIPA, afirma: Es evidente que tanto el gobierno como la Cámara (de Representantes) dirigida por los republicanos están fuera de sincronía con los valores y prioridades de la gente en lo que respecta al presupuesto.

La encuesta ilustra la profunda división: La mayor diferencia en gasto es que el pueblo favorece recortes profundos en el gasto de defensa, mientras el gobierno y la Cámara de Representantes proponen aumentos modestos. El pueblo también favorece aumentar el gasto en la capacitación para el trabajo, la educación y el combate a la contaminación en mayor medida que el gobierno o la Cámara.

El acuerdo final –o más precisamente la capitulación ante la extrema derecha– es lo opuesto en todos los sentidos, y casi con toda certeza provocará un crecimiento más lento y daños a largo plazo a todos, menos a los ricos y a las corporaciones, que gozan de beneficios sin precedentes.

Ni siquiera se discutió que el déficit podría eliminarse si, como ha demostrado el economista Dean Baker, se remplazara el disfuncional sistema de atención médica privada de Estados Unidos por uno semejante al de otras sociedades industrializadas, que tienen la mitad del costo per cápita y obtienen resultados médicos equivalentes o mejores.

Las instituciones financieras y las grandes compañías farmacéuticas son demasiado poderosas para que siquiera se analicen esas opciones, aunque la idea difícilmente parece utópica. Fuera de la agenda por razones similares también se encuentran otras opciones económicamente sensatas, como la del impuesto a las transacciones financieras pequeñas.

Entre tanto, Wall Street recibe regularmente generosos regalos. El comité de asignaciones de la Cámara de Representantes recortó el presupuesto a la Comisión de Títulos y Bolsa, la principal barrera contra el fraude financiero. Y es poco probable que sobreviva intacta la Agencia de Protección al Consumidor.

El Congreso blande otras armas en su batalla contra las generaciones futuras. Enfrentada a la oposición republicana en la protección ambiental, la importante compañía de electricidad American Electric Power archivó el esfuerzo más destacado del país para captar el bióxido de carbono de una planta actualmente impulsada por carbón, lo que asestó un fuerte golpe a las campañas para reducir las emisiones causantes del calentamiento global, informó The New York Times.

Estos golpes autoinfligidos, aunque cada vez son más potentes, no son una innovación reciente. Datan de los años 70, cuando la política económica nacional sufrió importantes transformaciones que pusieron fin a lo que suele llamarse la época de oro del capitalismo de Estado.

Dos importantes elementos de esto fueron la financiarización (el desplazamiento de las preferencias de inversión, de la producción industrial a las finanzas, los seguros y los bienes raíces) y la externalización de la producción. El triunfo ideológico de las doctrinas de libre mercado, muy selectivo como siempre, le asestó aún más golpes, conforme se traducía en desregulación, reglas de administración corporativa que condicionaban las enormes recompensas a los directores generales con los beneficios a corto plazo y otras decisiones políticas similares.

La concentración resultante de riqueza produjo mayor poder político, acelerando un círculo vicioso que ha aportado una riqueza extraordinaria al uno por ciento de la población, básicamente directores generales de grandes corporaciones, gerentes de fondos de garantía y similares, mientras la gran mayoría de los ingresos reales prácticamente se estancaron.

Al mismo tiempo, el costo de las elecciones se disparó a las nubes, haciendo que los dos partidos tuvieran que escarbar más hondo en los bolsillos de las corporaciones. Lo que quedaba de democracia política fue socavado aún más cuando ambos partidos recurrieron a la subasta de puestos directivos en el Congreso, como delineó el economista Thomas Ferguson en The Financial Times.

Los principales partidos políticos adoptaron una práctica de los grandes detallistas, como Walmart, Best Buy y Target, escribe Ferguson. Caso único en las legislaturas del mundo desarrollado, los partidos estadunidenses en el Congreso ponen precio a puestos claves en el proceso legislativo. Los legisladores que aportan más fondos al partido son los que obtienen esos puestos.

El resultado, de acuerdo con Ferguson, es que los debates se basan fuertemente en la repetición interminable de un puñado de consignas, que han sido probadas por su atractivo para los bloques de inversionistas y grupos de interés nacionales, de los que depende la dirigencia para obtener recursos. Y que se condene el país.

Antes del crac de 2007, del que fueron responsables en gran medida, las instituciones financieras posteriores a la época de oro habían obtenido un sorprendente poder económico, multiplicando por más de tres su participación en las ganancias corporativas. Después del crac, numerosos economistas empezaron a investigar su función en términos puramente económicos. Robert Solow, premio Nobel de Economía, concluyó que su efecto podría ser negativo. Su éxito aporta muy poco o nada a la eficiencia de la economía real, mientras sus desastres transfieren la riqueza de los contribuyentes hacia los financieros.

Al triturar los restos de la democracia política, las instituciones financieras están echando las bases para hacer avanzar aún más este proceso letal... en tanto sus víctimas estén dispuestas a sufrirlo en silencio.

NOTA DE GILLERMO GIACOSA: Chomsky es considerado como el más grande pensador vivo de los EEUU. Por favor léanlo con atención. Este página no pretende hacer política, sólo pretende incorporar reflexión. Y quién mejor que aquellas personas que viven en medio de la cri ...sis y que tienen, al mismo tiempo, una aguda capacidad crítica. Chosmky es un número UNO. Lean, piensen, discutan, critiquen, vivimos las horas más difíciles de la humanidad en muchos siglos. Más allá de la crisis está la destrucción del medio ambiente y todo es parte del mismo drama. Todos somos responsables. Todos, aunque ya no estemos, tendremos que ver con el futuro que dejamos a nuestros hijos, nietos y a la humanidad entera. Estamos de paso pero en esta ocasión nuestro paso tiene un significado histórico que pocas veces tuvo. Seamos conscientes de ello y asumamos las responsabilidades que nos corresponden.

(El libro más reciente de Noam Chomsky es 9-11: Tenth Anniversary. Chomsky es profesor emérito de lingüística y filosofía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Cambridge, Massachusetts)

Beneficios penitenciarios no son derechos y pueden eliminarse

Los beneficios penitenciarios a los que se acogen los delincuentes para salir antes de prisión no son derechos de ellos y pueden ser eliminados por el Congreso, según reveló el vicepresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez Miranda.

Las declaraciones recogidas por Andina a continuación:

“De forma tal que quien roba una cartera, un auto hasta quien viola y mata, tenga una pena efectiva y real. Y, esto es lo que más incide en la seguridad ciudadana: el incumplimiento de la sanción de la pena”, expresó en entrevista al diario El Peruano.

Álvarez Miranda respaldó el fortalecimiento del régimen de trabajo físico para los delincuentes condenados a través de la figura del trabajo comunitario, “es decir que la persona redime su pena a cambio del trabajo organizado en colonias penales que se pueden realizar en la ceja de selva.”

El magistrado señaló, de otro lado, que el Tribunal Constitucional establece que toda reforma constitucional parcial o total de la Carta Magna debe pasar por el Poder Legislativo.

Recordó que el TC ha ido adecuando, vía interpretación, algunos aspectos en el régimen económico, al incorporar el principio de solidaridad e intrínsicamente el de la redistribución de las riquezas como principios bases de la economía social de mercado.

Señaló, en ese sentido, que la Carta Magna de 1993 sólo consideraba el principio de subsidiariedad.

“El gran debate es cómo hacer que la Constitución material alcance a todos los peruanos, en sus derechos y libertades, entonces, el debate va mucho más allá”, anotó.

Pluspetrol negocia ampliación de Camisea con cajas de paracetamol, lápices y cuadernos

Por Conrad Feather*

En abril de 2011, un grupo de cazadores Nahua habitantes de la Reserva Kugapakori, Nahua y Nanti para Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial, en el sureste del Perú, sorprendió a un equipo de investigación de la consultora ambiental Environmental Resources Management (ERM) en las cabeceras del río Serjali en pleno corazón de la reserva y territorio ancestral Nahua. ERM había sido contratada por el consorcio Camisea, un mega proyecto de gas que opera en la cuenca vecina.

Los Nahua, furiosos por ser ignorados, expulsaron a los trabajadores. Para evitar un conflicto, la empresa argentina líder del Consorcio Camisea convenció a los Nahua de no preocuparse por una contaminación potencial ya que las investigaciones “no están conectadas con la búsqueda de petróleo y gas, sino que fueron simplemente esfuerzos para monitorear la fauna silvestre”.

La posición de Pluspetrol fue respaldada por el alcalde municipal, el cura local y más enfáticamente por el Instituto Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA, entidad gubernamental responsable de la protección de los pueblos indígenas en aislamiento). Después de mucha presión, los Nahua permitieron la continuidad de los estudios a cambio de tres cajas de medicinas, un refrigerador para conservarlas, lápices y cuadernos para los alumnos y empleo temporal de 20 jóvenes Nahua para observar los trabajos.

Como explica Enrique Dixpopidiba Shocoroa, presidente Nahua, en este video (http://vimeo.com/27287600) (1) ni Pluspetrol, la consultora ERM y menos aún el INDEPA pensaron en consultarlos previamente. Más tarde salió la noticia que estas investigaciones están ligadas al estudio de impacto ambiental de una ampliación planificada del proyecto Camisea dentro de la reserva. Inicialmente, estos planes incluyen la apertura de tres pozos gasíferos y una intensiva campaña sísmica en el alto río Serjali.

Los Nahua están muy preocupados por los impactos potencialmente devastadoras de la actividad extractiva en las cabeceras del río Serjali: cualquier episodio de contaminación podría amenazar la cuenca entera, de la que dependen sus fuentes de agua y medios de vida. Peor todavía, fuentes de la empresa señalaron informalmente que tenían información de que el resto del territorio Nahua y prácticamente de toda la reserva sería clasificada en una nueva concesión petrolera por el Estado como Lote 117. Hasta donde sabemos, los Nahua todavía no han sido informados formalmente de los planes de ampliación del proyecto Camisea. De manera previsible, los más afectados por este proyecto son los últimos en enterarse.

Violando derechos de pueblos extremamente vulnerables

Cajas de medicina y útiles escolares parecen un cambio absurdo, pero es mas entendible si consideramos que el primer contacto de los Nahua con la sociedad nacional fue en 1984. Pocos meses después, casi la mitad de ellos murió de enfermedades introducidas para las cuales no tenían defensas inmunológicas. Hoy no son tan vulnerables a las enfermedades, pero como señala el señor Dixpopidiba eso no quiere decir que estén preparados para discutir con una empresa multinacional sobre un proyecto de extracción de gas que involucra inversiones por billones de dólares. En cierto modo, la nueva dependencia de la mercadería urbana generada por el contacto los hace más vulnerables todavía: enganchar es fácil cuando requiere poco más que unas cajas de medicina y algo de trabajo temporal. En estas condiciones, ¿es posible una negociación entre iguales, digna de un país democrático y multicultural?

La respuesta a esta pregunta es un escándalo: el consorcio multinacional se aprovecha de un pueblo extremamente vulnerable para imponer la explotación del gas y la institución gubernamental supuestamente creada para velar por la protección de los derechos de los pueblos en aislamiento le está dando la mano. 

Más allá de la violación del derecho Nahua al consentimiento libre, previo e informado (vigente en el sistema internacional), estamos frente a una nueva violación de la supuesta intangibilidad de las reservas para pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (2) y una violación de la ley particular a esa Reserva que prohíbe la expansión del Proyecto Camisea dentro de ella (3) .

Ignorando el tema y distorsionando los hechos

En lugar de reconocer sus faltas, Pluspetrol ha optado por relatar otra versión de los hechos. En respuestas por escrito (4) , simplemente evadió el tema. En reuniones posteriores en Lima en julio, la empresa explicó que el equipo de ERM fue sorprendido “por un grupo de madereros con un guía Nahua” y que no hubo ningún problema con la comunidad. Peor todavía, argumenta que fue ERM quien asustó y espantó a los supuestos “madereros”, convirtiendo al Consorcio Camisea en los grandes protectores de la reserva.

Finalmente, aprovecharon la oportunidad para entrar en un debate sobre la existencia de pueblos en aislamiento en la zona en cuestión. La opinión de los representantes de la empresa es que no existen pero a pesar de eso reconocen que tienen que respetar la Reserva y señalan todos sus protocolos de contacto y medidas de contingencia que tienen. O en otras palabras: “No se preocupen, verificamos que no hay gente aquí, hicimos un poco de sísmica y no vimos a nadie”. Pues, que sorpresa, si una manada de gente vestido en color naranja invadieron mi territorio y empezaron a reventar disparos yo tampoco esperare para hacerles preguntas.

¿Pero por qué sembrar dudas sobre la existencia de pueblos en aislamiento en la zona? La motivación es demasiado transparente. Si no hay nadie, no habría ningún problema con el proyecto de explotación de gas y peor todavía, la supuesta ausencia de poblaciones contribuye con el anhelo empresarial de desintegrar la reserva. Una vez que la gente han muerto o han abandonado la reserva es mucho mas fácil argumentar que no tiene sentido mantenerla.

Los representantes de Pluspetrol podrán decir eso en Lima, pero frente a la comunidad Nahua pidieron disculpas por su “equivocación”. Entonces, ¿por qué no decir toda la verdad en Lima? Tal vez sería demasiado vergonzante revelar la cuestionable realidad de un proyecto prominente como Camisea, con financiamiento de instituciones tan prestigiosas como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Al BID probablemente no le gustaría saber que el proyecto Camisea avanza ilegalmente sobre una reserva para pueblos en aislamiento, ni que Pluspetrol realiza los trabajos de expansión a espaldas de sus legítimos dueños y solo después negocia su entrada con cajas de paracetamol, lápices de colores y cuadernos.

Notas:

(1)Véase el enlace para una transcripción completa. http://www.forestpeoples.org/topics/extractive-industries/publication/2011/transcript-nahua-testimony-describes-unauthorized-entr

(2) Una ley para la protección de pueblos en aislamiento en Perú, sancionada en 2006, establece la intangibilidad de las Reservas.

(3) Decreto Supremo Nº 028-2003-AG.(4)Véase carta de FPP del 21 de junio de 2011 y la respuesta de Pluspetrol en http://www.forestpeoples.org/topics/extractive-industries/news/2011/06/letter-and-response-pluspetrol-peru-corporation-regarding-

* El Dr. Conrad Feather es un antropólogo que ha pasado gran parte de los últimos 10 años realizando sus estudios con los Nahua y apoyándolos en sus esfuerzos a defender y proteger su territorio y modo de vivir. Actualmente trabaja para Forest Peoples Programme (Programa para Pueblos de los Bosques o FPP por sus siglás en inglés).

DE SOTO, IVAN VASQUEZ Y EL PERRO DEL HORTELANO

Esta semana ha aparecido la noticia en Internet de que el Gobierno Regional de Loreto (GOREL) ha firmado un convenio con el Instituto Libertad y Democracia (ILD), dirigido por el economista Hernando De Soto, que tiene por finalidad poner en marcha (así lo llaman) un “Plan de Capitalización de los Activos de los Ciudadanos de la Región Loreto”. El nombre no es muy imaginativo, ya que lo recordamos en el caso de Bolivia, cuando el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, hace ya buen tiempo, dio la “ley de capitalización”, que no fue otra cosa que una norma para vender las empresas del Estado.

Como todos recordamos, De Soto apareció en el contexto de las protestas de Bagua, inmediatamente después de los trágicos sucesos que terminaron con la muerte de 35 peruanos y la desaparición de uno. 

Recordamos también que esos sucesos fueron originados por la política del “perro del hortelano” impulsada por el ex presidente García Pérez. Él ha repetido incesantemente que los títulos comunales son meros papeles que no brindan a la gente suficiente protección, restándole importancia a documentos emitidos por el Estado peruano. El problema no es de los títulos en sí sino de la falta de garantías del Estado cuando se trata de propiedad de indígenas o de otros sectores que, desde su punto de vista, son marginales al sistema, sin importar si sus tierras son colectivas o individuales. Entre García y De Soto sólo hubo y hay diferencias de estilo. Llamar perros del hortelano a los indígenas fue una opción por demás torpe y grosera. 

De Soto apareció entonces con maneras más educadas pero para plantear lo mismo: la parcelación de las tierras comunales para que la gente las pueda vender, alquilar, dar en prenda bancaria o hacer lo que quiera con ella, aunque lo más apropiado es decir, para hacer con ellas lo que quieren quienes las ambicionan. En un momento en que otras leyes y políticas del Estado apuntalan la opción de los cultivos para producción de biocombustibles, ya sabemos que los beneficiados serán los grupos de poder que ya han avanzado en este camino: Romero, Benavides y otros.

Es triste, lamentable, el papel desempeñado por el presidente del GOREL, Iván Vásquez. Su actitud en todo momento ha sido poco sincera. Varias personas le hemos pedido en diversas oportunidades que presente los términos del acuerdo con De Soto que, sabíamos, se venía cocinando desde hacía tiempo. Sin embargo, él siempre evadió una respuesta franca. Yo mismo se lo pedí personalmente con ocasión de la presentación del “Atlas de Comunidades Nativas de la Selva Norte”, editado por el Instituto del Bien Común (IBC), en un acto que tuvo lugar hace unos pocos meses en las instalaciones del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), en Iquitos. Su respuesta fue siempre que no había nada aún y que se trataba sólo de ideas, nada concreto, dijo él. 

Un convenio de esta naturaleza afecta a los indígenas amazónicos y por eso mismo se trata de una cuestión que debió haber sido consultada con ellos, a través de sus organizaciones. El Convenio 169 de la OIT es claro cuando dice que los gobiernos deberán: “Consultar a los pueblos indígenas, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. (Art. 6) ¿Qué asunto puede afectar más a un pueblo indígena que la pérdida de su territorio? Ninguno. ¿O acaso el Sr. Vásquez piensa que por “gobierno” debe entenderse sólo el nacional? 

El presidente del GOREL, que reclama airadamente contra el centralismo porque, según él, no le da fondos suficientes y le impone medidas sin consulta, ha actuado esta vez como lo que él mismo critica. Lo recuerdo ahora marchando en primera fila en protesta contra los llamados “decretos de Bagua”. Claro, eran épocas electorales en las que había que aprovechar la pantalla y toda ocasión era buena para figurar. Su medida es centralista no sólo por impositiva sino también porque de pueblos indígenas y de realidad rural amazónica rural él no conoce más que las distorsiones que le presenta De Soto. Sus intentos de desarrollo, de realizar su consigna de “selva productiva” los podríamos calificar de chistes (malos ciertamente) si de por medio no estuviera la justa esperanza de mejora de productores amazónicos que se han quedado endeudados porque la “promoción” de los cultivos de sacha inchi y camu-camu fue planteada y ejecutada con ánimo populista, lo que tal vez le haya generado algunos aplausos de la gente (al comienzo), actitud que ahora se ha transformado en bronca y decepción. 

Lo de De Soto lo calificaría de simplismo si no estuviese convencido de que detrás de su propuesta se esconden los intereses de quienes ambicionan las tierras para su desarrollo empresarial. ¿Quién le aporta al ILD más de un millón 400 mil dólares para ejecutar este plan? ¿Por qué es tanto el interés de De Soto en esta región y, específicamente, en algo como la parcelación de las tierras comunales? 

Y no es que la parcelación esté prohibida, por si acaso hay que aclararlo. Las comunidades indígenas del país son libres de hacerlo si así lo desean. La Constitución de 1993 eliminó las garantías constitucionales de inalienabilidad e inembargabilidad de las tierras de las comunidades campesinas y nativas. Más aun, la llamada “ley de tierras” dada por Fujimori en 1995 allanó el camino en esta dirección, primero, al rebajar el quórum de las asambleas comunales para individualizar la propiedad (transgrediendo de esta manera el principio constitucional de la autonomía de las comunidades para resolver sobre sus cuestiones internas); y, segundo, al proponer el cambio de naturaleza jurídica de las comunidades para que, de entidades vinculadas por lazos ancestrales a sus territorios, se convirtieran en sociedades de personas, capaces de disponer de la parte que les corresponde de sus “activos”: su parcela. 

Pero incluso hay más. Las comunidades awajun del Alto Mayo, antes de la ley de tierras de 1995 y de la Constitución de 1993, comenzaron a alquilar sus tierras, simplemente porque así lo quisieron. Que hoy día muchos pobladores se den cuenta del error que han cometido porque se están quedando sin soga y sin cabra, dado que los arrendatarios han llevado parientes y construido casas e infraestructura de riego para el arroz (el cultivo dominante en la zona) es un problema que no quiero abordar. Lo que quiero señalar es que la posibilidad que ahora impulsa De Soto ya existe desde hace más de una década. ¿Cuál es entonces la diferencia con lo que él plantea? 

De fondo no hay ninguna diferencia, sino de forma, porque lo que él no quiere, o lo que no quieren quienes lo financian, es esperar, perder tiempo. Quieren, en cambio, que las cosas se hagan rápido, ya, ahora mismo, y de allí que se monte este trabajo en el marco de un gobierno regional que, del tema, parece no saber más que de por medio habrá una buena cantidad de dinero. 

Es este momento hago un llamado a las organizaciones indígenas, a AIDESEP y a sus sedes regionales de Daten del Marañón (Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas – CORPI-) y de Iquitos (Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente – ORPIO-), y a las federaciones más activas de la región (como la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación de San Pablo de Tipishca – ACODECOSPAT- y otras) para que se pronuncien sobre el tema y exijan el respeto al derecho de consulta y a los derechos reconocidos en el Convenio 179 y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Al mismo tiempo, les planteo también a esas organizaciones la necesidad de que defiendan los resultados de los dos únicos procesos de consulta que se han realizado en el país, en los que las partes llegaron a un acuerdo, aunque luego el gobierno del ex presidente García pasó sobre ellos con la insolencia que le conocemos. Me refiero a los casos de las zonas reservadas de Güeppí, en la parte alta de las cuencas el Napo y Putumayo; y de Santiago Comaina, en la Cordillera del Cóndor. En ambos casos, el gobierno paralizó o modificó a su antojo los acuerdos para favorecer a empresas extranjeras, una petrolera brasileña y la otra una minera canadiense. 

AIDESEP que ejecuta un proyecto en Güeppí, en convenio con dos instituciones privadas (CEDIA y WWF), está en la obligación de expresar su rechazo por la violación de ese acuerdo. (Alberto Chirif - Agencia de Noticias SERVINDI)

Chávez: ¿fujimorismo sin Keiko?

Ya desde la campaña electoral un sector allegado a la candidata presidencial de Fuerza 2011 manifestaba sus sospechas de que los exabruptos de Martha Chávez no eran producto de su conocida vehemencia o de que creyese que poner de manifiesto la línea dura del fujimorismo iba a endosarle votos a Keiko Fujimori.

 

Las suspicacias iban, más bien, por el lado de que ella no veía con desagrado que Keiko Fujimori fuese derrotada y que ocurrido eso –dada la mayoría novata que conforma la bancada fujimorista en el Congreso- podría convertirse no solo en la cabeza visible de la oposición sino, sobre todo, en el rostro más potable para ser la candidata presidencial el 2016.

 

Recordemos, además, que fue Martha Chávez quien cuestionó que se designase a Keiko Fujimori candidata presidencial a dedo y que no hubiese mayor discusión interna para hacerlo.

 

Para quienes así pensaban, el escándalo armado durante la juramentación presidencial, la enorme exposición mediática de la congresista (que ni siquiera pudo ser opacada por las apariciones de la propia Keiko Fujimori, las que, sin duda, obedecían al intento fallido de mostrar un liderazgo mayor), corroborarían tales prevenciones.

 

Cabe subrayar que el 28 de julio Martha Chávez no solo se zurró en el protocolo o en la sindéresis correspondiente a la fecha, sino en los propios esfuerzos de algunos miembros de su bancada –como Luisa María Cuculiza- por reconvenirla respecto de lo que estaba haciendo.

 

Y los embates no quedaron allí. Fernán Altuve, cercanísimo a Keiko Fujimori fue agraviado de mala manera. Un comentario irónico fue respondido con una clara bajeza. Y ya antes, Carlos Raffo también ha sufrido de duras expresiones por parte de la hoy suspendida congresista.

 

No nos parece, pues, que estemos ante un desborde emocional de Martha Chávez o ante el desfleme de tantos años sentidos por ella como humillantes. Chávez es una persona inteligente y políticamente sabe lo que hace. Creemos, más bien, que estamos ante un esfuerzo personal (solo el tiempo dirá si su estrategia radical es la correcta o, por el contrario, la desubica), de crearse un liderazgo opositor con fines ulteriores.

 

Estaría acopiando méritos para ganarse de a pocos la adhesión de un amplio sector ciudadano fujimorista que podría pensar que, en la próxima contienda presidencial, debe ser alguien como ella y no como la ponderada Keiko Fujimori quien lo represente (en sus cálculos debe estar, además, que de acá a cinco años Keiko Fujimori probablemente ya no cuente con su padre como referente decisorio). (Diario 16)

Capitán EP en retiro es el nuevo jefe de inteligencia

El presidente de la República, Ollanta Humala, designó al capitán EP en retiro Víctor Manuel Gómez Rodríguez jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), en reemplazo del general PNP (r) Danilo Guevara Zegarra.

Gómez Rodríguez, de 51 años, es el primer integrante de la promoción del ejército del presidente Humala, denominada De los Héroes de Pucará y Marcavalle, de 1984, en ser nombrado en un cargo público. Se convierte también en el segundo militar en retiro de su extrema confianza que está en un puesto importante de seguridad nacional después del coronel EP en retiro Óscar Valdés Dancuart, actual ministro del Interior y quien fue instructor del mandatario en la Escuela Militar de Chorrillos, en 1991. 

La resolución suprema N°224-2011 del nombramiento de Víctor Gómez Rodríguez se publicó ayer en “El Peruano”. Trascendió que su designación causó sorpresa en el sector Interior.

BRINDÓ SEGURIDAD A MINERA

 
El hombre que conducirá el sistema nacional de inteligencia durante el gobierno de Ollanta Humala nunca antes había ejercido un cargo público. Desde que pidió su pase al retiro se ha dedicado a brindar servicios de seguridad estratégica en el sector privado.

El 2000 se mudó a Huaraz para trabajar como supervisor de seguridad de la empresa Antamina, donde ha laborado en los últimos diez años. Su buen desempeño le valió el ascenso a superintendente de seguridad de dicha compañía. El capitán EP Gómez, quien renunció a dicha empresa en julio pasado, está casado con la puneña Milena Valencia Ávila con quien tiene tres hijos.

El otrora SIN, ahora DINI, estuvo dirigido por oficiales de las Fuerzas Armadas y por civiles durante el gobierno de Alejandro Toledo. Gómez Rodríguez asume el cargo en medio de una situación compleja en términos de seguridad nacional, desatada por el narcotráfico y las evidencias de espionaje privado en los campos empresarial y político que revelaron los ‘petroaudios’.

Principios y compromisos

Escribe: Javier Diez Canseco

La juramentación y el discurso de instalación del presidente Humala han causado diversas reacciones entre los analistas, aunque casi un 70% de los ciudadanos encuestados los ha recibido bien. Jaime Bayly, fallido sicario mediático contratado en las pasadas elecciones, calificó de “pura demagogia tonta” (“jura por cosas que no existen”) el que Ollanta Humala jure honrando el espíritu, los principios y valores de la Constitución de 1979. Rosa María Palacios y otros, a la inversa, se preguntaron –temerosos– si Humala regresaba al programa original de Gana Perú.

 

Fernando Rospigliosi, en cambio, llamó al juramento un “gesto insustancial” para “entretener a la galería” y continuar con la misma política económica. Tildó a Humala de personaje político “amansado” por los poderes fácticos y grupos económicos, descalificándolo éticamente por su “fascinación por el dinero, el lujo,… las clases altas,…el poder…”. Así concluye, apoyándose en la constitución de un “gabinete amasijo… con solo una radical en un ministerio al que se le quitarán competencias”, que todo seguirá casi como está. Y por ello, dice, “los que solo están preocupados en la permanencia de la política económica (tienen) motivos para respirar con tranquilidad”. 

¿Fue la referencia a los principios de la Constitución del 79 en la juramentación una simple maniobra provocadora? ¿O se trata de una reafirmación del compromiso con el cambio y de rechazo al fujimontesinismo golpista? ¿No ratificó la idea de que hay cambios constitucionales indispensables, como los que hacen referencia a la mano dura frente a la corrupción? ¿No dice nada respecto a la necesidad de un Estado garante de derechos ciudadanos que el documento del 93 eliminó y deben restablecerse y ampliarse? ¿No llama a la búsqueda de otra relación entre el Estado y el mercado, distinta al capitalismo salvaje, para garantizar crecimiento con inclusión, en la que se frenen abusos a usuarios, consumidores y trabajadores? ¿No alude a un Estado que no es simplemente subsidiario y que funcione como regulador y promotor con presencia propia en el mercado, vía empresas públicas estratégicas como Petroperú, las de energía o puertos?

¿No estuvo aquello presente en el discurso? ¿O el que el Estado recupere la capacidad de redistribuir riqueza y pueda atender la educación y la salud pública hoy degradadas, recuperando un manejo tributario justo que termine con la absurda rigidez de los llamados contratos de estabilidad tributaria? ¿Serán principios y valores ajenos a recuperar el control del destino del gas de Camisea priorizar a los productores nacionales o respetar los derechos de las comunidades campesinas y pueblos originarios hoy indignados por haber sido disminuidos y avasallados?

Creo, en cambio, que los principios y valores se aluden porque se adhiere a ellos y se quiere construir un país más justo y solidario, un nuevo contrato social, como se dijera. Y se hará por la vía democrática y para garantizar la justicia social y el progreso que los pueblos con razón demandan. El gabinete deberá presentar, en menos de 30 días, su plan de gobierno al Congreso y este deberá expresar el compromiso electoral.

Rospigliosi sostiene que los votantes fueron engañados y que lo descubrirán pronto. Quiere que los problemas sociales y ambientales irresueltos que dejó García se reaviven ya, para abrirle un frente inmediato al gobierno. Y, a su vez, ignora no solo el inverosímil espectáculo de los fujimoristas que tuvieron de vocera a Chuqui Chávez, sino –específicamente– su desconocimiento del gobierno electo, la validez de sus actos y su abierto llamado a las FFAA, en clara incitación a la insubordinación. ¿El llamado golpista es un simple “escandalete”? El Congreso no puede pasarlo por alto. 

Es curioso: se puede jurar por un delincuente condenado por corrupción y delitos de lesa humanidad como Fujimori o incitar a la insubordinación, pero se pretende que es demagógico o ilegal hacerlo por los principios y valores de una Constitución de origen democrático y superior sentido social. La guerra sucia continúa y para algunos los principios y compromisos valen poco. Se requiere firmeza y decisión en la lucha por el cambio comprometido.