No hubo voluntad política para perseguir corruptos en gobierno de García

El ex Fiscal y titular de la comisión de transferencia de Justicia, Avelino Guillén, señaló hoy que durante el segundo gobierno de García que terminará el próximo 28 de julio, no hubo voluntad política para perseguir a los corruptos.

En entrevista con el diario “La república”, Guillén analizó el panorama anticorrupción en el país de mano de la periodista Ana Nuñez:

¿Ha analizado las consecuencuas de la Ley 29703? Las críticas  son diversas y se dice que favorece a la corrupción…

Esa ley no aporta nada a la lucha contra la corrupción; por el contrario, la favorece y pone una serie de obstáculos para investigarla y sancionarla. Es un retroceso ostensible en cuanto a legislación anticorrupción, por eso creo que debe ser derogada… si no es por este Congreso, por el próximo.

¿Le parece que hubo una intencionalidad al promulgarla?

A mí me llama la atención el apresuramiento con que la sacaron en las postrimerías de este régimen,  a punto de concluir esta legislatura y casi sin debate. Esta ley debe ser derogada y debe dar lugar a un diálogo amplio que permita elaborar una nueva norma que favorezca la lucha contra la corrupción.

Una de las mayores críticas es que para sancionar a un corrupto se debe probar que hubo perjuicio contra el Estado…

Claro, porque se pone como una regla básica para la sanción que se dé un perjuicio patrimonial al Estado, cuando lo que se tiene que condenar es la concertación ilegal entre el funcionario y el empresario que participa en una licitación. Esa es una conducta delictiva que deber ser sancionada.

Además, se ha disminuido el tiempo de inhabilitación para los funcionarios sancionados…

Si se quería combatir eficazmente la corrupción, la comisión de Justicia debió derogar el artículo 426 del Código penal, que establece una pena de inhabilitación por delitos contra la administración pública de solo entre 1 y 3 años. Esa es una sanción diminuta y es una burla, porque para los otros delitos rige el artículo 38, que establece una inhabilitación del plazo de la condena. Eso incentiva que se cometan actos de corrupción…

Y  favorece que retornen funcionarios corruptos…

Por supuesto. Se ha dado el caso de alcaldes y regidores que son sancionados penalmente y que a la siguiente elección se presentan y salen elegidos.

Dice que la norma debe ser derogada, pero se ha advertido que así eso ocurra, los procesados por corrupción podrán acogerse a la norma retroactivamente.

Eso es verdad. En este momento la norma está vigente y así se derogue posteriormente se aplica a quienes estén procesados por colusión, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito y planteen beneficiarse de su contenido.

¿No hay forma de que esto no ocurra?

La única salida es que el Tribunal Constitucional la derogue, pero eso es algo que veo difícil.

¿Por qué?
 

En principio porque el Tribunal Constitucional tiene una carga procesal muy fuerte y este es un tema que va a generar un gran debate y, por lo tanto,  que no se puede resolver de un día a otro.

¿Cómo evalúa la lucha contra la corrupción durante este gobierno que ya termina?

Hubo un grave retroceso durante este tiempo: la Procuraduría Anticorrupción fue debilitada sensiblemente con la salida de un gran número de funcionarios. Además, después de la sentencia a Alberto Fujimori no se conoce otra sentencia de importancia por casos de corrupción. Normativamente, procesalmente, y a nivel de juicios hubo un gran retroceso.

¿No hay voluntad política?

No hay una voluntad política del gobierno, ese es el problema. No hay una voluntad política para perseguir a los corruptos, no hubo un reforzamiento de las instituciones ni se creó una  estrategia para ello. La lucha contra la corrupción la tiene que asumir el presidente de la República, ese es un deber inherente a la principal autoridad del país. Es un deber ineludible del presidente liderar la lucha contra la corrupción.

¿Y el presidente García no lo ha hecho?

No lo ha hecho y como ciudadano yo formulo esa crítica.

¿Se debe indultar a Alberto Fujimori?

El informe médico del INEN es contundente: Fujimori es un paciente de alto riesgo por su edad, su peso y sus antecedentes médicos, pero esos factores se tratan con observación y atención médica, y él las tiene. Su vida no está en peligro. En consecuencia, el indulto de carácter humanitario queda descartado. Por otro lado, normativamente hablando no procede el indulto para acusados de secuestro agravado y Fujimori fue condenado por el secuestro agravado del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dayer. Además, fue condenado por delitos de lesa humanidad (Barrios Altos y la Cantuta) y tiene prohibición normativa para acogerse a un indulto.

Proponen que se permita a Alberto Fujimori cumplir su condena en casa.

Normativamente, eso no está contemplado. El arresto domiciliario es una medida preventiva.Tomar esa medida sería una burla al país, un golpe al sistema judicial, y afectaría nuestra dignidad.

“Yo soy un soldado de la democracia”

¿Desde cuándo colabora en el equipo de Gana Perú?

Yo expresé mi respaldo a esa candidatura en la segunda vuelta en defensa de la democracia, pero fui convocado recién el miércoles.

¿Cuál es el encargo?

Yo voy a trabajar en la transferencia del sector Justicia.

¿Solo van a recibir la información o prepararán las primeras políticas a aplicar en el sector?

Vamos a recibir la información, haremos un diagnóstico y plantearemos medidas a corto, mediano y largo plazo.

Entonces podría ser usted el nuevo ministro de Justicia.

Esa es una decisión que corresponde al señor presidente. Lo que yo he señalado es que soy un soldado de la democracia. No aspiro a ningún cargo, pero creo que todos estamos obligados a contribuir si somos convocados.