En la década de 1990, Alan García terminó librado de las acusaciones de
corrupción y violaciones a los derechos humanos que se le imputaban.
Dos fueron las razones centrales: el pobre trabajo que las entidades a
cargo de las investigaciones realizaron en aquel momento pero, sobre
todo, el uso político que el gobierno de Alberto Fujimori dio a estas
indagaciones, lo que culminó en vulneraciones al debido proceso.
De allí que, caído Fujimori, García se acogió a la prescripción de los
casos de corrupción y que, incluso luego del trabajo de la Comisión de
la Verdad y Reconciliación, no se encuentre hasta el momento alguna
evidencia que lo involucre más allá de la responsabilidad política en
casos de derechos humanos ocurridas durante su gobierno.
Culminado el segundo gobierno de AGP, la expectativa de un sector de
peruanos es que los actos de corrupción ocurridos entre 2006 y 2011
puedan ser juzgados. Y de allí que se acrecentaran las expectativas por
lo que pudiera hacer la comisión investigadora formada en el Congreso de
la República.
Como conocemos, esta comisión ha terminado debilitada desde su
formación. Y no solo por el caso Chehade y por la serie de dimes y
diretes que culminaron en la salida de Javier Diez Canseco. Con la
excepción de este último parlamentario, las bancadas no escogieron a
personas con experiencia, sin posibles vinculaciones al gobierno
anterior que pudieran ser sacadas en cara y que tuvieran pocas ansias de
figuración.
Además, ninguno de los parlamentarios explicó adecuadamente a los
ciudadanos que los resultados de la Comisión deben pasar por el Pleno
del Congreso para ser aprobados y que las acusaciones constitucionales
que pudieran derivarse de los posibles ilícitos encontrados tendrán que
ser llevadas a la subcomisión respectiva para el trámite respectivo.
Si bien las comisiones investigadoras de los casos vinculados a Alberto
Fujimori dieron varios resultados importantes, se ha hecho poca
referencia en estas semanas al importante papel que tuvo la Procuraduría
ad hoc para los casos Fujimori – Montesinos para ordenar información,
repatriar fondos y tener un trabajo serio y profesional que condujo a
las condenas conocidas por todos.
Por ello, el papel principal para investigar los actos de corrupción
ocurridos durante el quinquenio anterior le deberá corresponder a dos
entidades: el Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción. Esta
última, asumiendo el rol de su predecesora a inicios de la década
pasada. (DIARIO 16)
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JAIME ESPEJO ARCE