miércoles, 15 de agosto de 2012

Cinco años después


Escribe: Marco Sifuentes
Seguro que usted todavía recuerda dónde estaba cuando ocurrió el terremoto del 2007. Ocurrió hace exactamente cinco años. Para los limeños fue un gran susto. Para la gente de Ica y Huancavelica, una tragedia que no ha terminado. Para Rómulo León y sus amigos, esta crisis fue una oportunidad.
Todos recordamos vagamente que existió un caso llamado Petroaudios. Voy a parafrasear un viejo recuento que intentaba explicar cómo ese caso fue el hijo bastardo del terremoto del 2007.
Dos meses después del sismo, el gobierno anterior eliminó los aranceles al cemento importado. La justificación: el cemento que se producía en Perú no alcanzaba para reconstruir Pisco, y, por tanto, se tenía que traer, baratito, del extranjero.
La principal beneficiada por ese decreto del Ejecutivo fue la poderosa cementera mexicana Cemex.
Los círculos empresariales peruanos se volvieron una olla de grillos. Como la prensa independiente reportó en su momento, los rumores decían que detrás de ese decreto estaba el entonces ministro Hernán Garrido Lecca. De hecho, era sabido que HGL había estado detrás de la incursión del Banco Azteca en el Perú y otros negocios mexicanos.
Así se formó lo que luego Fernando Ampuero llamaría “una liga de industriales” peruanos que se sintieron traicionados por el gobierno.
Aquí es cuando hacen su ingreso a escena Giselle Giannotti y la empresa Bussiness Track (a) “BTR”. Tal lo demostraron diversas publicaciones de Ángel Páez, César Romero y Ana Véliz de este diario, los chicos de BTR recibieron un encargo muy especial: chuponear a la cementera mexicana y a todos los vinculados a ella.

Y en esas estaban cuando se toparon con Rómulo, ‘Don Bieto’ y el resto de su alegre tropel. Gustavo Gorriti ha contado que, al parecer, estaban espiando a Garrido Lecca por el tema de los cementos cuando descubrieron su vínculo con Fortunato Canaán. El empresario dominicano también estaba interesado en construir hospitales en la zona devastada por el terremoto y HGL era entonces ministro de Salud.



Me gustaría decir que el resto es historia conocida pero no es así. Del contenido los 29 CPU, 3 laptops, 26 discos duros, 246 diskets, 632 CD y 25 USB incautados durante las investigaciones no se volvió a saber más hasta que alguien borró 592 archivos de la computadora de la jueza y, hace unos meses nomás, desaparecieron cuatro cuadernillos del expediente.
Así, en vez de concentrar sus esfuerzos en reconstruir Pisco y las otras zonas devastadas por el terremoto, la atención del gobierno anterior estuvo en sacar alguito de la desgracia ajena y, una vez descubiertos, intentar ocultar lo que pasó.
“Solo en 4 obras, de las más de 900 que se han ejecutado, se sobrevaloraron labores por más de 2,5 millones de soles”, dijo anteayer el presidente de la comisión del Congreso que investiga la reconstrucción.
Sin embargo, lo más probable es que estas pesquisas, como ha pasado con las de la Megacomisión, sean petardeadas desde distintos flancos, acusándolas de ser una persecución política. Ya verán. El terremoto del 2007 también fue una tragedia moral.

lunes, 13 de agosto de 2012

Carlincatura del 11-08-2012

Las comisiones ordinarias del Congreso fueron instaladas hoy


Congreso de la República, Comisiones Ordinarias
Las comisiones ordinarias del Congreso fueron instaladas hoy y en su primera sesión en esta nueva legislatura eligieron a sus presidentes. El titular del grupo de Economía, Fernando Andrade, afirmó que desde su posición promoverá la inclusión financiera y la descentralización fiscal.
El líder de Somos Perú aseguró que su gestión procurará generar consensos para aprobar las propuestas legislativas que ayuden al crecimiento del país. Andrade agregó que la agenda del grupo estará enfocada en la descentralización fiscal para dar mayores recursos a los gobiernos regionales.
Los legisladores Johnny Cárdenas Cerrón, de Gana Perú, y Ángel Neyra, del fujimorismo, fueron elegidos como vicepresidente y secretario de la comisión, respectivamente.
INVITARÁN A SALAS
A su turno, el presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora, adelantó que invitará en los próximos días a la ministra de Educación,Patricia Salas, para que explique la ley de reforma magisterial, que reemplazará a la Carrera Pública Magisterial y a la Ley del Profesorado.

“Creo que ese proyecto merece ser revisado inmediatamente. Vamos a incluirlo en la agenda de trabajo (…) La ministra de Educación vendrá para resolver cualquier inquietud sobre este proyecto de ley”, manifestó.
“Vamos a trabajar en equipo y buscar la calidad educativa porque es la única forma de dar igualdad de oportunidad a todos los peruanos”, agregó el congresista de Alianza Parlamentaria.
PRESUPUESTO 2013
Por su parte, el titular de la Comisión de Presupuesto, Josué Gutiérrez, adelantó que su grupo enfocará sus esfuerzos en aprobar los proyectos de ley de Presupuesto Público, de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero del 2013, y otorgar facilidades para contribuir en la lucha contra la pobreza.

En la sesión de instalación, el legislador nacionalista también remarcó la necesidad de evaluar el gasto público y monitorearlo para mejorar su ejecución, focalizarlo y asignar las partidas presupuestales correspondientes.
Además, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso eligió al congresista Agustín Molina, de Gana Perú, como presidente y se propuso trabajar con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) como aliado.
El oficialista recordó que el objetivo principal de este grupo es defender y proteger a los consumidores para que no sean víctimas del abuso de los proveedores, que muchas veces, dijo, hacen tabla rasa de sus derechos.
A lo largo de este lunes, se instalaron las otras 21 comisiones del Legislativo.

viernes, 10 de agosto de 2012

TREMENDA DENUNCIA DE LA KIRCHNER


La presidenta de Argentina denuncia que Repsol pagaba a periodistas

Fernández asegura que la petrolera pagaba 1,9 millones al año a profesionales de los medios

     
Fernández de Kirchner, en la inauguración de una planta de YPF en Ensenada, este jueves. /LEO LA VALLE (EFE)
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, denunció la noche del jueves que la petrolera YPF, cuando estaba controlada por Repsol, pagaba 11 millones de pesos (1,9 millones de euros) por año a periodistas. Fernández explicó que, tras nacionalizar la petrolera argentina, la nueva gestión descubrió que esta compañía abonaba ese dinero en concepto de “publicidad no convencional”, es decir, anuncios que no se publicaban. Cuando Repsol controlaba la compañía, el Estado argentino ya tenía un integrante del consejo de administración, Roberto Baratta, por la acción de oro con la que contaba.
“¿Vieron que tenemos el shale gas, que es no convencional? Bueno, también hay publicidad no convencional”, comentó Fernández en el acto de inauguración de una planta de hidrotratamiento de gasóleo, una obra de 1.429 millones de pesos (247 millones de euros) que ejecutó durante cuatro años la YPF de Repsol. La jefa de Estado aclaró que del total, 420 millones habían sido puestos por el Estado mediante ayudas fiscales.
“¿Cuál es la publicidad no convencional? Obviamente no es la que ustedes ven por la televisión; son facturas que se pagan como publicidad, pero la publicidad no aparece. Así que también hay un nuevo concepto: publicidad no convencional, la pagás, pero no aparece”, explicó Fernández. Estos pagos ocultos a periodistas no eran exclusividad de YPF mientras era propiedad de Repsol. Otras empresas y hasta organismos públicos los han abonado.
La presidenta de Argentina propuso entonces una “ley de ética pública” para los periodistas, en línea con la que rige para los altos funcionarios. La propuesta mereció la crítica de diversos profesionales, que denuncian que el Gobierno pretende controlar a la prensa con una norma similar a la que propuso en los 90 el entonces presidente argentino Carlos Menem. Fernández aclaró que su ley serviría para que que los periodistas manifiesten "si reciben dinero de alguna empresa o si tienen alguna inclinación política”.
En un acto transmitido por cadena nacional, es decir, en el que todos los canales y las radios debían reproducirlo, Fernández citó el caso puntual de Marcelo Bonelli, uno de los principales periodistas del grupo Clarín, conglomerado que mantiene una férrea disputa con el Gobierno, acusándolo de recibir a través de su esposa y de un socio 1 millón de pesos (170.000 euros) anuales desde 2008 hasta 2012.
Bonelli había escrito la semana pasada sobre los rumores de renuncia del ingeniero experto en exploración que preside desde hace 92 días la YPF nacionalizada, Miguel Galuccio. El periodista había informado que Galuccio se había disgustado con la jefa de Estado porque la semana pasada ella firmó un decretó que regula los precios y las inversiones de todas las petroleras que actúan en Argentina. En opinión del directivo de la compañía, esta medida desalentaba los proyectos de asociación de YPF con compañías privadas para desarrollar yacimientos como la rica área de gas no convencional de Vaca Muerta. Fernández comparó esa norma con la vigente en Brasil y Colombia y desmintió las versiones de dimisión. También Galuccio las negó.
“No es la primera vez que la presidenta utiliza un espacio público de todos, como es la cadena nacional, para escrachar (denunciar) a gente que no está de acuerdo con el discurso único del oficialismo”, respondió este viernes el periodista Bonelli en un artículo. “Quiero decir que todos mis ingresos están en blanco (registrados) y han sido declarados ante la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) todo estos años. También los de mi esposa, quien realizó tareas en YPF a fines de 2007 desarrollando su profesión de profesora nacional de inglés. Para la Presidenta eso, trabajar, es un delito”, añadió Bonelli.
Galuccio aprovechó el acto para adelantar algunas cifras del informe que dará a conocer la semana próxima sobre sus primeros 100 días de gestión. Destacó que aumentó la producción de combustibles y que por eso ha reducido en 180 millones de dólares (146 millones de euros) las importaciones. El abultado déficit energético era uno de los reproches que el Gobierno argentino le formulaba a Repsol, aunque algunos analistas también responsabilizan a la política energética de los Kirchner.

CARETAS cuenta la historia de quién es en realidad Benedicto Jiménez.


El policía Benedicto Jiménez no es el gran policía que él pregona. CARETAS revela quien es verdaderamente.


La historia real: en agosto de 1992 Jiménez había ordenado levantar la vigilancia de la casa que escondía a Abimael en Surquillo.

Convertido en el esbirro difamador de la notoria “Araña Orellana”, investigada como un caso de criminalidad organizada, ahora se duda que Benedicto Jiménez Baca fue alguna vez el gran policía que él pregona. En su egolatría, niega los méritos de otros integrantes del GEIN, y a Ketín Vidal, el director de la Dincote, lo insulta. Pero ahora que se acerca el vigésimo aniversario de la “captura del siglo” hay que contar la historia real. En febrero de 1990 echaron de la Dircote a Jiménez por inepto.
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Fue la indignación del mayor PNP-TP Franco Carrillo de la Dircote lo que en febrero de 1990 condujo a la expulsión del comandante Benedicto Jiménez del área antiterrorista. Hombre de pocas pulgas, Carrillo había percibido que Jiménez, que operaba la unidad Delta 5 (de las 8 que combatían el terrorismo), cultivaba más su ego que sus aciertos.

Ante terceros Carrillo resondró airadamente a Jiménez por su inacción y allí fue que lo despidieron.

El propio Jiménez cuenta en un blog fechado este 7 de marzo con ocasión del 21o aniversario de la creación del GEIN (Grupo Especial de Inteligencia), las circunstancias humillantes de ese episodio:

“Quince días antes de crearse el GEIN a mi me sacan de la Dircote. El tenor de ese trámite fue que no eran necesarios mis servicios”.

Cabizbajo, Jiménez fue a hablar con un superior amigable, el teniente general Fernando Reyes Roca, director de la Policía Técnica, para pedirle que lo asignaran a Piura. “No conocía Piura”, explica.

A Reyes Roca, sin embargo, le vino bien encontrar este cabo suelto y, ubicándolo en una pequeña oficina con solo silla y mesa, lo utilizó como secretario especialista para alistar un proyecto propio: crear un grupo especial unificador de la inteligencia antiterrorista: es decir, el GEIN.

Hasta entonces operaban las unidades ‘Delta’ y la coordinación era deficiente.

Benedicto Jiménez, por supuesto, ahora cuenta que él fue el “creador” del GEIN:

“Hice una lista de pedidos…Solicité a tres oficiales y un subalterno… equipo apoyado por ‘Popeye’, un suboficial de inteligencia de la Marina… Apenas se incorporaron empezamos a cambiar de objetivo…”.
Y listo.
Noche del 12 de septiembre de 1992. Antonio Ketín Vidal, director de la ampliada Dincote, y la presa.
En el curso de una tergiversación que omite mencionar a oficiales de singular experiencia que integraron el GEIN desde el inicio –salvo al general Antonio Ketín Vidal, quien asumió la dirección de la Dircote en 1991– Jiménez se refiere sin querer a la que fue una de sus mayores deficiencias: un juicio defectuoso en cuanto a las oportunidades para actuar.

Esta tara postergó golpes importantes a la insurgencia y costó mucha sangre.

En el blog pertinente, Jiménez alude a la ‘Operación Isa’.

Fue el primer caso conocido en que demoró las cosas mientras se regodeaba con referencias a Sun Tzu.

Isa era el seudónimos de Judith Díaz Contreras, senderista capturada en 1985 en circunstancias muy especiales.

Una señora, en el momento de abordar un vuelo a EE.UU., entregó a un policía en el aeropuerto una carta para la Dircote.

Era la madre de unos estudiantes captados por Sendero. Acababan de cumplir condenas y la señora temía que reincidieran.

La carta contenía no solo la identidad de Judith Díaz sino otros seudónimos, teléfonos, claves.

Díaz fue capturada pero después puesta en libertad por “falta de pruebas”.

La decisión, se supone, se orientaba a seguirla y así lograr capturas mayores.

Esto se hace hasta 1987 pero, según el propio Jiménez, él mismo, al tener relación directa con el caso, recorta la vigilancia.

No solo eso.

Recién sacó la carta de la madre de sus archivos personales 3 años después, en 1990.

Así, el 1 de junio de 1990, el GEIN lidera el allanamiento de 30 inmuebles en Lima capturando a 40 elementos del GAP (Grupo de Apoyo) y del DAO (Departamento de Apoyo Organizativo) de Sendero Luminoso.

Entre las casas intervenidas estaba la de la Calle 2 de Monterrico, cerca del Pentagonito, en la que encuentran invalorables rastros recientes del propio Abimael Guzmán.

El ‘presidente Gonzalo’ frecuentaba esa casa y estuvo a punto de caer.

Ese procedimiento exitoso –el primero que golpeaba la cúpula organizativa de Sendero – se llamó la ‘Operación Isa’.

El éxito habría sido mayor si se hubiera llevado a cabo con antelación.

OPORTUNIDADES PERDIDAS


Todas las especulaciones sobre las oportunidades perdidas por Benedicto Jiménez –y, además, sobre sus vinculaciones con Vladimiro Montesinos– quedaron zanjadas en CARETAS en 2008.

El periodista Gustavo Gorriti, renombrado colaborador de CARETAS y destacado admirador de Jiménez, publicó una revelación sensacional en las ediciones 2010 y 2011.

El GEIN pudo haber capturado a Abimael Guzmán en diciembre de 1990.

En la noche entre el 3 y 4 de diciembre de ese año, el GEIN abortó la intervención de un inmueble en la calle Buenaventura de Surco.

Apodado el ‘Palomar’ por la Policía, en su interior se encontraban no solo Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre, sino todo el alto mando de Sendero (incluyendo a Feliciano y Artemio, capturados años después).

La orden, según Gorriti, vino del propio presidente Fujimori o, en todo caso, de Montesinos, y en el proceso se destituyó sumariamente al entonces jefe de la Dircote general PNP-PT Enrique Oblitas, que favorecía la intervención.

Gorriti relató cómo el alto mando del GEIN, que incluía a los entonces comandantes Luis Felipe Elías y Félix Murazzo y a los capitanes Carlos Morán y Carlos Carrillo, se había reunido y por mayoría opinaron a favor de entrar.

Pero llegó la orden de cancelar y el propio Montesinos visitó el local del GEIN acompañado de Reyes Roca para felicitar la cautela.

Montesinos dijo, además, que era necesario esperar los cambios militares de enero –y que se formara el Grupo Colina del EP.

La demora tenía otra explicación: el régimen quería mantener la crisis de violencia para justificar el autogolpe de 1992.

Para sorpresa de todos, en su blog Elpacficador2008, Jiménez refutó de inmediato todo lo escrito por Gorriti. No hubo operación abortada ni visita de Montesinos.

En CARETAS de febrero 7 de 2008, Gorriti retrucó citando testigos directos y de alto rango, y demostrando convincentemente que esa operación sí fue cancelada desde arriba a último momento.

“Montesinos llegó vestido de blanco”, recuerda uno de los oficiales presentes.

Además, Gorriti añadió un detalle. En la reunión de alto mando del GEIN de ese 3 de diciembre de 1990 solo Benedicto Jiménez estuvo en contra de intervenir. Marco Miyashiro no opinó.

Algo que Gorriti no llegó a decir: Jiménez mintió y encubre hasta lo que fue una cruenta decisión política de ese régimen.

CASI SUCEDE LO MISMO


Si en 1990 la captura de Guzmán fue abortada con por lo menos el beneplácito de Jiménez, en septiembre de 1992 casi sucede algo parecido.

La ubicación de la casa en la calle Los Sauces 459, Surquillo, comenzó el 22 de junio de 1992 con el testimonio de Carlos Arana, ‘Sotil’, quien dirigía la academia César Vallejo, una de las principales fuentes de financiamiento de Sendero.

Bajo custodia, Sotil describió a Maritza Garrido Lecca y a César Incháustegui, y hasta dio el color y la placa de un vehículo.

Los efectivos del GEIN utilizaron un inmueble que quedaba enfrente a la casa y en el que vivía un policía retirado. Le dijeron que se vigilaba a un narco.

Pero en la casa Incháustegui –Garrido Lecca “no pasaba nada”. Solo entraban y salían niñas para tomar clases de baile, sus parientes y amigos de aspecto “miraflorino”.

En la basura, sin embargo, se encontraban rastros convincentes: Tigasón, por ejemplo, medicamento para tratar la psoriasis de Guzmán.

Todo los detalles de esa extraordinaria operación han sido contados muchas veces, exceptuando un detalle:

En las últimas semanas de agosto Benedicto Jiménez ordenó levantar la vigilancia de la casa de Los Sauces.

Cansado de esperar, argumentó que allí no había nadie.
Otro detalle inédito:

Dos tenientes encargados de la vigilancia desobedecieron sus órdenes.

Siguieron observando el inmueble e incluso elaboraron reportes falsos para que Jiménez pensara que estaban en otras tareas.

Finalmente, en septiembre un hombre con rasgos andinos llegó a la casa de Los Sauces.

Esto sí comunicaron a Jiménez quien, sorprendido en más de un sentido, ordenó que lo siguieran.

Los tenientes no solo lo vigilaron sino que lo detuvieron y llevaron al sótano de la Dírcote en la mañana del 12 de septiembre.

Jiménez se enfureció pero los tenientes señalaron que en el alojamiento del detenido en Balconcillo, La Victoria, habían encontrado documentos con anotaciones de Abimael Guzmán en tinta roja (porque el ‘presidente Gonzalo’ la prefería a la verde de Neruda) y un arma automática.

Estas evidencias finalmente empujaron a Jiménez a ordenar el allanamiento y la captura del ‘Cachetón’ de su pareja, acompañantes y anfitriones.

Pero si no hubiera sido por ese par de tenientes….

¿En qué consiste la polémica Ley Beingolea?


Alberto Beingolea Foto: Gentileza
Gran polémica ha despertado la llamada Ley Beingolea sobre los delitos informáticos cuyo dictamen está en espera de ser debatido en el Pleno del Congreso de la República. La tensión se ha generado en torno a varios artículos de esta propuesta, pero es el número 23, particularmente, el que ha provocado rechazo y hasta una carta abierta dirigida al Parlamento, firmada por diversas entidades nacionales e internacionales, como la Asociación Pro Derechos Humanos, el Instituto Prensa y Sociedad y la Red Científica Peruana, entre otras.
Este proyecto elaborado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por el congresista Alberto Beingolea, constituye, para muchos, una probable amenaza a la privacidad y la libertad de expresión en internet, tal como lo señala Erick Iriarte, experto en temas de propiedad intelectual y nuevas tecnologías, quien dialogó con Terra Perú. 
La controversial propuesta
El dictamen, recaído en los Proyectos de Ley 034/2011-CR, 307/2011-CR y 1136/2011-CR, pretende tomar medidas sobre los delitos cibernéticos. Entre los artículos más cuestionados, el más criticado es el siguiente:
Artículo 23: Acceso a información de los protocolos de internet
No se encuentra dentro del alcance del secreto de las comunicaciones la información relacionada con la identidad de los titulares de telefonía móvil; los números de registro del cliente, de la línea telefónica y del equipo; el tráfico de llamadas y los números de protocolo de internet (números IP). Por lo tanto, las empresas proveedoras de servicios de telefonía e internet debe proporcionar la información antes señalada conjuntamente con los datos de identificación del titular del servicio que corresponda, a la Policía Nacional del Perú o al Ministerio Público dentro de las cuarenta y ocho horas de recibido el requerimiento, bajo responsabilidad, cuando estas instituciones actúen en el cumplimiento de sus funciones.
“Este artículo del dictamen es el que afecta más a la privacidad y a los derechos constitucionales. Ahí dice que ‘no se encuentra dentro del alcance del secreto de las comunicaciones la información relacionada con la identidad de los titulares de telefonía móvil; los números de registro del cliente, de la línea telefónica y del equipo; el tráfico de llamadas y los números de protocolo de internet’; pero no dice que esto ocurre solo durante una investigación o persecución del delito, no está claro. Además, determinar qué es o no es secreto de las comunicaciones, no es competencia de una ley de este tipo porque, finalmente, estaría modificando lo que dice la Constitución”, afirma Erick Iriarte.
“Cualquier tercero podría generar una bitácora o un rastreo de quién hace qué en la red, a quien llamas o dejas de llamar. Este artículo es un intento de acceder de manera fácil a la información que está protegida por el secreto de las comunicaciones. Se podrían registrar todos los hábitos, usos, costumbres o lo que estén haciendo los usuarios de internet”, añade el experto en temas de propiedad intelectual y nuevas tecnologías. 
Vacíos peligrosos 
Para Iriarte, existen errores y vacíos preocupantes en los textos de los artículos que componen el Dictamen que será debatido en el pleno del Congreso y que, de aprobarse, se convertirá en Ley.
“Se tiene que ser muy claro con lo que se tipifica porque se sancionarán conductas que pueden ser lícitas pero que por un artículo mal hecho, pueden terminar siendo ilícitas. Hay artículos como el del hurto de tiempo, que dice que sin autorización del titular o excediéndose el tiempo autorizado usa un sistema informático, será sancionado con pena de dos años. ¿Qué es usar más allá del tiempo establecido? ¿Qué es lo que quieren decir? Hay muchos vacíos”, afirma.
“También hay una serie de artículos en los que se coloca la carga principal al aspecto informático, como el de hurto o fraude informático. No es que no exista el hurto o fraude informático. Están establecidos en el código penal como delito y como fraude. No se requeriría hacer una tipificación de este tipo. Lo que le están diciendo a los jueces y fiscales es que no entienden de tecnología e informática y por eso les estamos haciendo un artículo solo para ustedes”, añade.
Contra la corriente
Iriarte, quien ha seguido el caso desde que se presentaron los proyectos de ley el año pasado, resalta que debería considerarse unirse a experiencias contra los crímenes informáticos que cuenten con el respaldo de organismos que trabajan a favor de los derechos humanos.
“Durante varios años se ha venido trabajando para que se suscriba la Convención de Budapest sobre crímenes cibernéticos del año 2002 que ya tiene tipificación y herramientas de cooperación transfronterizas. Esta ha sido validada por organismos de derechos humanos e internacionales. Porque si terminas haciendo tu propia regulación, te conviertes en una isla. Mientras todos van para un lado, tú no, dices soy especial y quiero mi propia legislación”, finaliza.     

Agustín Mantilla y grupo Rodrigo Franco son denunciados por delitos de lesa humanidad



Por: Adrián Lengua Parra

Esta semana, el Fiscal Superior Luis Landa Burgos formalizó denuncia contra Agustín Mantilla, ex vice ministro y ex Ministro del Interior durante el primer gobierno aprista de Alan García (1985-1990), y contra los presuntos integrantes del Comando Rodrigo Franco: Jesús Miguel, Jorge Huamán, Enrique Melgar, Carlos Farfán, Oscar Urbina, Gino Fiori, Juan Pampa y Walter Lauri; por los hechos perpetrados por este grupo paramilitar que provocaron el secuestro y asesinato de los dirigentes mineros Saúl Cantoral y Consuelo García, la ejecución extrajudicial de los militantes del MRTA Miguel Pasache Vidal y Javier Porta Solano y, finalmente, el asesinato del abogado Manuel Febres.

Bajo estos cargos, el Fiscal solicito una pena de 25 años de prisión y el pago de 200 mil nuevos soles de reparación civil  tanto para Mantilla, por ser el presunto autor mediato de los delitos, como para los supuestos integrantes del grupo Rodrigo Franco.
 
Asimismo, a pesar de haber transcurrido 24 años desde la comisión de estos hechos, en la denuncia se argumenta que los mismos deben ser calificados como delitos de lesa humanidad al ser perpetrados de forma general o sistemática, por responder a una política promovida o consentida por el Estado, dirigida contra población civil y por ser una grave afectación a la dignidad humana que no debe quedar impune. De este modo, al poseer la naturaleza de “lesa humanidad”, estas acciones no serían pasibles de amnistía o indulto y, sobre todo, serían imprescriptibles, por lo cual pueden ser juzgados a pesar del tiempo que han transcurrido más de dos décadas.
 
Por otro lado, debemos recordar que esta no es la primera vez que el tema se ventila, pues desde finales de la década de los 80 se vienen realizando denuncias públicas por diversos medios de comunicación, sin lograr que se efectuara ninguna investigación desde las instancias judiciales (Poder Judicial y Ministerio Público) o desde el Ejecutivo sobre los hechos o sobre la existencia del mencionado grupo paramilitar. Conforme al informe final de la CVR, solo una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados del Congreso de la  República,  en  1989, realizó una labor de este índole, finalizando con un informe en mayoría que concluyó que la citadaorganización no existía, mientras que el informe en minoría afirmó que habían evidencias suficientes que acreditaban su existencia.
 
Por ello, resulta importante resaltar que en las investigaciones preliminares del proceso se llegó a establecer, finalmente, la existencia del Comando Militar Rodrigo Franco, concluyendo que se encontraba conformado por jóvenes integrantes del Comando Universitario Aprista (CUA) y miembros en actividad y retiro de la Policía. Asimismo, se identifico el vínculo que poseía este grupo paramilitar con el Ejecutivo de esa época, específicamente con el Ministerio del Interior a través del ex ministro Agustín Mantilla.
 
De esta forma, y tras varios años de espera, parece que la justicia abre sus puertas para el presente caso, a fin de evitar su impunidad. Será la Sala Penal Nacional, presidida por el Juez superior Ricardo Brusett, la encargada de definir tan importante proceso en los próximos meses. Sin embargo, pese a que la denuncia permite que la justicia intervenga en el presente caso, queda la sensación de que falta un invitado para dilucidar esta controversia. Si el Fiscal aplica la teoría de la autoría mediata para denunciar a Agustín Mantilla, vale preguntarse ¿por qué no se solicitó la presencia del ex presidente Alán García Pérez? ¿Habiendo sido el presidente de gobierno no debía estar, al menos, enterado de todos los acontecimientos? Es una cuestión que queda pendiente y esperamos que el Fiscal sepa argumentar estas decisiones en el menor tiempo posible.

A cincuenta años del Concilio Vaticano II


Iglesia y democracia


¿Ha sido alguna vez, es o debiera ser la Iglesia católica una institución democrática? ¿Qué formas de democracia podría llegar a asumir y cuáles no le corresponden? La mayoría de instituciones y sociedades modernas aspiran a ser democráticas. ¿Esto prueba que la democracia es siempre un valor, o podría haber circunstancias en que no lo sea? Estas preguntas son especialmente relevantes este año en que se celebra cincuenta del inicio del Concilio Ecuménico Vaticano II, uno de los que más se interesó en adaptar a la Iglesia a los “signos de los tiempos”.
La expresión “los signos de los tiempos” aparece en los evangelios (Mt. 16, 1-4; Mc. 8, 12; Mc 13, 1-23; Lc. 12, 54-56) dicha por el propio Jesús para referirse a la sutileza necesaria para reconocer el Reino de Dios. Sin embargo, Juan XXIII la usó con frecuencia para aludir a una manera nueva de interpretar las manifestaciones de Dios en las actividades humanas. De hecho, una de las preocupaciones principales de ese Papa, y tal vez del propio Vaticano II, fue cómo hacer que la Iglesia retome el liderazgo moral e intelectual que alguna vez tuvo y que fue perdiendo progresivamente. Algunos pontífices anteriores a Juan, como Pío X, consideraron al modernismo como el responsable de esta brecha, pero Juan fue mucho más humilde y atinado al darse cuenta de que la propia Iglesia tenía mucha responsabilidad en este alejamiento. Por eso, uno de los objetivos de Vaticano II fue colaborar en el necesario proceso de actualización y democratización de la Iglesia, lo que nos obliga a formularnos varias cuestiones previas.
Es necesario preguntarse qué se entiende por democracia y cuáles son sus rasgos principales. Sin duda, hay diversas maneras de entenderla, pero probablemente una definición con la que todos estaríamos de acuerdo subrayaría los siguientes rasgos: (i) La participación de todos —o de la mayoría— de los miembros de una sociedad en las decisiones colectivas. En algunas democracias esto se realiza a través del voto universal, en otras por medio de colegios electorales o de representantes elegidos para cumplir ese cargo. (ii) La existencia de mecanismos formales establecidos para la elección de los gobernantes, la toma de decisiones colectivas y la distribución de los cargos y del poder, en la que todos o la mayoría de los individuos puede participar. (iii) La plena libertad para expresarse sobre cualquier tema, tanto de forma como de contenido, así como para proponer modificaciones del sistema. (iv) El que las decisiones públicas se tomen sobre la base de mecanismos que fomenten el intercambio de ideas, no de manera arbitraria ni por imposición de la autoridad, y tampoco sin una adecuada justificación racional. (v) El principio de que todos los miembros de la sociedad tienen los mismos derechos y los mismos deberes.
Así entendida, la democracia es un ideal regulativo, no siempre realizable y quizá nunca realizado. Ello es así por múltiples razones, siendo una de las más importantes las relaciones de poder y dominación presentes en casi toda sociedad, lo que hace imposible que los cinco rasgos antes mencionados se cumplan por completo. Por eso, aunque seguramente la mayor parte de los ciudadanos de las sociedades modernas creemos en la democracia y deseamos que ésta se instituya en la mayor parte de organizaciones humanas, somos conscientes de que no hay sociedad plenamente democrática no obstante que, sin duda, algunas son más democráticas que otras y que nuestro deber es trabajar para una mayor democratización de todas las instituciones.
Será necesario preguntarse, ahora, si la Iglesia católica ha sido alguna vez democrática y si debiera serlo, según los rasgos señalados. Por una parte, no es históricamente cierto que la Iglesia no haya sido nunca una institución democrática. Cuando Jesús la instituyó, estaba conformada por un grupo de personas que se sentían atraídas por sus ideas y, sobre todo, por su inusual comportamiento. Había muchos grupos diferentes de hombres y mujeres que lo escuchaban y lo seguían, pero había grupos más cercanos a él, y el más cercano de todos estaba conformado por 12 hombres que no tenían más autoridad que el propio Jesús.

Después de la crucifixión Jesús se mantuvo entre sus discípulos cada vez que ellos lo convocaban en la eucaristía. Sus ideas y su comportamiento siguieron siendo la autoridad, aunque él confiara a Pedro la obligación de tomar las decisiones necesarias para mantener la Iglesia (Mt. 16, 19). Pero hay que recordar que Pedro era primus inter paresy que la Iglesia de los primeros cristianos continuó siendo una comunidad de iguales que solo reconocía la autoridad de Cristo.

Una verdadera revolución política se dio cuando el emperador Constantino legalizó al cristianismo en el año 313 mediante el edicto de Milán. Él también convocó al Primer Concilio de Nicea, en 325, y así oficializó al cristianismo y distinguió entre las interpretaciones correctas y las desviadas de las enseñanzas cristianas. Este emperador logró cierta unificación del pensamiento cristiano, que estaba doctrinalmente dividido, pero al mismo tiempo convirtió lo que era una religión de esperanza para los marginados y desposeído en una vinculada a la institucionalidad del poder. Es debatible si esa vinculación fue beneficiosa o perniciosa para el mensaje cristiano. En todo caso, hay que admitir que ahí se produce una flexión importante pues, por muchos siglos, la democracia no será la característica principal de la Iglesia.
No nos detendremos en la compleja historia de la cristiandad, que tiene tantas luces como sombras, sino más bien en otro importante hito histórico: el Concilio Vaticano II. Éste fue el concilio número 21, si uno considera tanto la tradición latina como la griega, o el número 13 si uno solo toma en cuenta la latina, y el último hasta el presente. Un concilio ecuménico es un encuentro de todos los obispos de la Iglesia para precisar y definir cuestiones en materia de doctrina o de práctica, con tanta autoridad como la del propio Papa.
El Concilio Vaticano II fue convocado por Juan XXIII y duró de 1962 a 1965, siendo concluido por Pablo VI, pues Juan había muerto en 1963. Se planteó cuatro objetivos principales: (i) Definir con mayor precisión la naturaleza de la Iglesia y el rol de la autoridad, particularmente de los obispos. (ii) Renovar la Iglesia según los nuevos tiempos. (iii) Buscar la unidad de los cristianos de las distintas denominaciones y generar un mayor diálogo con los creyentes en otras religiones e incluso con los no creyentes. (iv) Mantener abiertos los canales de diálogo y comunicación con el mundo de entonces.
Como se verá, el objetivo que permea esos cuatro puntos es el buscar la renovación de la Iglesia y adaptarla al mundo tal cual era en ese momento. Esto reconoce implícitamente que la Iglesia, como construcción humana que es, cambia y necesita cambiar, según los signos de los tiempos. El término que más se empleó durante el Concilio fue“aggiornamento”, es decir, actualización o puesta al día de la Iglesia, revisando tanto el fondo como la forma, con el objetivo de modificar una cierta tendencia a ser una institución cerrada en sí misma para convertirla en una pieza esencial en la marcha de la humanidad, en la que su liderazgo fuese conspicuo y relevante. Es interesante que el lenguaje que se empleó haya sido siempre conciliatorio y que el Concilio no definiera ningún dogma.
El término que más se empleó durante el Concilio fue "aggiornamento", es decir, actualización o puesta al día de la Iglesia, revisando tanto el fondo como la forma, con el objetivo de modificar una cierta tendencia a ser una institución cerrada en sí misma para convertirla en una pieza esencial en la marcha de la humanidad. 
A partir de Constantino, la estructura política de la Iglesia se moldeó a semejanza de la del Imperio Romano, es decir, se convirtió en una institución vertical y aristocrática, en el sentido de que era gobernada por los que se consideraban mejores y más ilustrados. Es un hecho que durante la Edad Media fue la Iglesia, a través de su estructura institucional, los monasterios y las universidades, uno de los reductos de la ilustración y la cultura en un mundo donde la mayoría carecía de educación formal. Por ello, aunque es materia de debate, puede ser razonable suponer que en ese largo periodo la Iglesia realmente fuera, o creyera ser, una especie de aristocracia intelectual. Pero es claro que eso no se cumple en el mundo actual, lo que explica por qué la Iglesia se ve a sí misma tan distanciada de la gente de hoy. Por una parte, actualmente nadie confía en las instituciones donde no hay criterios democráticos, no solo porque éstas tienen un estilo opaco y misterioso de hacer las cosas que genera comprensible desconfianza sino, además, porque lo natural hoy en día, en un mundo de gente razonablemente educada, es que las decisiones complejas sean el producto de deliberaciones e intercambios de ideas públicos, que es donde la verdad y el error se reconocen más fácilmente.
Por eso es inexacto decir que la Iglesia no es una democracia sino una institución en la que unos mandan y otros obedecen, bajo el argumento, inválido pero repetido, de que Dios mismo elige a la jerarquía y determina la verdad de la doctrina. Eso no puede ser cierto, pues si lo fuera habría que decir que Dios eligió a Alejandro VI y a Fray Tomás de Torquemada, y que Él mismo quiso que se torturase en su nombre.
Algunas personas simplifican exageradamente el concepto de democracia, al suponer que ella se reduce a elegir algo o a alguien por mayoría de votos. La votación es solo un medio, no un fin. Lo esencial en la democracia es que se trata de un sistema que implica procesos de representación, equilibrio de poderes y debate intelectual. Pienso que toda institución civilizada es y debería ser democrática. Considero también que si bien la Iglesia católica se ha ido democratizando con el tiempo, debería avanzar aún más en ese propósito. Todos somos Iglesia y, por tanto, todos tenemos el deber y el derecho de participar, de una u otra forma, en su construcción.
¿En qué sentido creo que Vaticano II se propuso, implícitamente, democratizar a la Iglesia? Siguiendo los cinco rasgos anteriormente señalados, pienso que intentó generar las reformas necesarias para que: (i) Exista másparticipación de los laicos, tanto en la organización como en el pensamiento de la Iglesia. (ii) Haya más transparencia y apertura en las decisiones. (iii) Se garantice la verdadera libertad de los seres humanos para seguir a Jesús sin imposiciones ni coacciones, sino por la fuerza natural de sus enseñanzas, respetando los valores esenciales de la persona. (iv) Se haga posible un diálogo permanente con la razón y la ciencia, es decir, con el mundo secular actual.
Considero que el objetivo último de Vaticano II fue recordarle a la gente que la Iglesia tiene algo relevante que decirle y hacer las modificaciones necesarias en ella para que el pensamiento católico sea un “conversation starter”y no un “conversation stopper”, es decir, un discurso iniciador de conversaciones y no uno clausurador de ellas, esto es, uno que verdaderamente fomente el diálogo y la comunicación y no uno que lo bloquee. Sospecho que ése es el mensaje principal de Vaticano II, que, además, mientras sea el último concilio, es la doctrina oficial de la Iglesia católica.
El diálogo con los otros credos y con los no creyentes fue también uno de los puntos centrales en la agenda, pues la Iglesia no puede arrogarse el conocimiento pleno de la verdad. Es importante recordar que la Iglesia enseña una doctrina basada en las enseñanzas de Jesús, y que esta doctrina no es una copia fiel sino una interpretación humana de ella, con lo cual siempre hay espacio para mejorarla sobre la base del intercambio de ideas, aprendiendo de todos, incluso de aquellos que se han apartado de las enseñanzas de Cristo.
Pero la propuesta de una mayor democratización de la Iglesia no debe ser malinterpretada. Esto no radica en que la verdad sea elegida por consenso: eso no ocurre ni en teología ni en ninguna otra actividad o disciplina. Es obvio que las creencias verdaderas en ciencia o en cualquier otro ámbito no se definen por mayoría de votos, pues la democracia no es una propiedad de la verdad sino de las instituciones que la buscan. La verdad no es invención nuestra ni es producto del acuerdo social. Precisamente por eso, ella no se impone sino se descubre en el mutuo aprendizaje. Así, pues, democratizar a la Iglesia no es convertir sus enseñanzas en producto de las ánforas sino, más bien, modelar su estructura de manera que ésta sea cada vez más una institución vinculada a las sociedades actuales y, así, haya una interacción que garantice el mutuo aprendizaje.
Otro de los puntos centrales de Vaticano II fue la importancia y el valor de las personas en sí mismas, de sus derechos y de su sufrimiento. El Concilio se interesó, sobre todo, en reconocer la responsabilidad que todos tenemos en el padecimiento humano, así como subrayó nuestra obligación para hacer que la vida en sociedad sea cada vez más digna y más equitativa. Esto conduce, naturalmente, a la opción preferencial por los pobres y excluidos, es decir, a un interés especial —pero no único— por los que más necesitan de Dios. Ellos son los que sufren por ser marginados e invisibilizados, por ser una minoría, por ser de otra raza, por no creer lo que la mayoría cree, por ser víctimas de sistemas injustos o, simplemente, por ser distintos.
Vaticano II significó un maravilloso cambio estructural en la Iglesia católica, acorde con la revolución que significó el siglo XX en relación con los siglos anteriores. Precisamente por ello, este Concilio generó reacciones negativas e incomprensiones. Es posible decir que incluso hoy, cincuenta años después, su mensaje no ha sido plenamente comprendido y, menos aún, ha llegado a hacerse carne en la propia Iglesia. Creo, sin embargo, que es un mensaje tan valioso que pronto terminará siendo parte de su identidad.